La administración capitalina ha dado a conocer una estrategia integral para transformar el sistema de atención de disputas cotidianas y faltas menores. La propuesta enviada al órgano legislativo local busca modificar la normativa vigente para priorizar la mediación y el entendimiento mutuo antes de que los desacuerdos escalen a instancias judiciales tradicionales.
Hacia un sistema restaurativo y preventivo
Durante la presentación oficial, las autoridades señalaron que la iniciativa abandona el esquema punitivo tradicional basado estrictamente en multas económicas y privaciones temporales de libertad. El nuevo enfoque pretende atacar el origen de los pleitos vecinales y familiares mediante el uso del diálogo y alternativas de pacificación.
“Se trata de proponer una transformación profunda de la justicia cívica, de cambiar y mejorar el modelo de justicia cívica y no esperar a que los conflictos lleguen al juzgado”, aseguró la mandataria local.
Asimismo, se destacó que esta visión busca dejar atrás los castigos convencionales: “pone énfasis en la solución y en la reparación. Dejamos atrás una visión centrada exclusivamente en multas, arrestos y sanciones. Impulsamos un modelo preventivo y restaurativo que atienda la causa de los conflictos, promueva el diálogo y evite la repetición”.
La paz no es solo ausencia de violencia, es la presencia de diálogo, justicia, confianza y comunidad.
En la #CapitalDeLaTransformaicón queremos pasar de una justicia que solo sanciona, a una que previene, repara y transforma; desde el @GobCDMX impulsamos esta nueva iniciativa para que cada conflicto resuelto sea una violencia evitada y cada barrio se convierta en un verdadero territorio de paz.
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 19, 2026
Atención a hurtos menores sin pasar por los tribunales penales
Uno de los ejes principales de la normativa es la posibilidad de atender aquellos ilícitos de menor impacto patrimonial directamente en las oficinas cívicas. Según las estimaciones oficiales, los robos de bienes muebles o afectaciones materiales que no rebasen un valor equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s) —aproximadamente $5,800 pesos— podrán solucionarse mediante la restitución del artículo sustraído, el pago compensatorio o jornadas de trabajo comunitario.
Para que esto sea viable, la fiscalía local puntualizó que se requiere la ausencia total de agravantes que impliquen agresiones físicas. Esto permitirá desahogar la carga laboral de los ministerios públicos.
“Buscamos que algunos hechos ilícitos o delitos menores también se puedan resolver en los juzgados cívicos […]. Proponemos que determinadas conductas, como la sustracción de bienes de escaso valor o violencia verbal familiar puedan resolverse directamente en los juzgados cívicos […]. No se cierra la vía penal. Lo que se hace es modificar la Ley de Justicia Cívica para que también se pueda atender allí y de otra manera… Se abre una nueva vía para resolver este tipo de delitos por la vía cívica. El agraviado podrá utilizar el Ministerio Público o llevarlo por la vía cívica. Se garantiza la respuesta más rápida, la devolución de lo sustraído o la reparación del daño y medidas para evitar que estas conductas se repitan, y permite a las fiscalías concentrar sus esfuerzos en delitos más graves”, explicó la jefa de Gobierno.
Juicios orales y nuevas herramientas comunitarias
La modernización del esquema operativo contempla la implementación de audiencias públicas y transparentes donde las partes involucradas puedan exponer sus posturas de manera directa frente a una autoridad imparcial.
“Un juez resolverá en audiencia pública, de forma oral e imparcial. Buscamos una justicia más rápida, transparente y cercana a la gente. Impulsamos audiencias en que las personas puedan expresar directamente lo ocurrido, presentar sus argumentos y ser escuchadas por la autoridad”, afirmó la titular del poder ejecutivo local.
Además, se proyecta la creación de espacios especializados conocidos como Calpullis de Paz o Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, los cuales operarán dentro de instalaciones públicas ya existentes para ofrecer mediación profesionalizada.
Estrategias complementarias de pacificación
El plan también incorpora una serie de mecanismos operativos orientados a la intervención temprana en las comunidades:
- Personal capacitado realizará valoraciones integrales para detectar perfiles de riesgo, adicciones o problemáticas sociales, canalizando a los ciudadanos a centros de apoyo psicológico o laboral.
- Se prevé un esquema itinerante para acercar la mediación directamente a las colonias con mayor incidencia de disputas vecinales.
- Se asignarán recursos específicos para adecuar la infraestructura de las oficinas encargadas de impartir esta justicia cotidiana.
Con estas acciones, la propuesta busca incidir en tres momentos distintos: la prevención temprana en territorio, la respuesta inmediata ante reportes de emergencia y la actuación formal de la autoridad cuando se configure una falta administrativa.
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