El estancamiento económico estructural de México
La economía mexicana arrastra desde hace años una profunda y compleja debilidad que limita de forma drástica su potencial de expansión. Entre los factores determinantes de este fenómeno destaca la escasa aportación de la inversión, un indicador fundamental para sostener áreas vitales como la generación de empleo formal y el fondeo de los sistemas de pensiones. Esta situación se ha visto deteriorada de manera notable debido al uso ineficiente de los recursos públicos destinados a grandes obras de infraestructura durante las administraciones recientes.
Al analizar los indicadores económicos con detenimiento, resulta evidente que el ritmo de actividad productiva en el país durante los últimos años muestra un balance sumamente desalentadero si se compara con el contexto internacional.
Un rezago frente al continente americano
De acuerdo con cifras expuestas por la especialista financiera Gabriela Siller, México se posiciona como el territorio con menor dinamismo en toda la región americana desde el año 2019. El Producto Interno Bruto acumulado hacia 2026 registra un incremento de apenas el 7 por ciento, una cifra distante de la observada en naciones vecinas como Estados Unidos y Canadá, que alcanzaron crecimientos del 17.5 por ciento y 12 por ciento, respectivamente.
El contraste también es evidente frente a otras economías latinoamericanas. Países como Argentina lograron avanzar un 8 por ciento, Brasil un 16 por ciento, Colombia un 18 por ciento y Costa Rica un 25 por ciento. Incluso naciones como Chile con un 13 por ciento, Panamá con un 23 por ciento y Venezuela con un repunte del 36.5 por ciento frente a su etapa previa a la pandemia, superan el desempeño mexicano.
Este panorama demuestra que los obstáculos no provienen del exterior, especialmente cuando las exportaciones nacionales mantienen su relevancia y el país se ha consolidado como el socio comercial principal de la Unión Americana. Las causas del mediocre rendimiento económico son de carácter estrictamente interno, donde la asignación de capital juega un papel central.
La caída histórica de la inversión productiva
En los periodos previos a la consolidación del estancamiento actual, la inversión total representaba aproximadamente la cuarta parte del Producto Interno Bruto, con una aportación del 11 por ciento por parte del sector público y del 14 por ciento por parte de la iniciativa privada.
Sin embargo, la estrategia presupuestaria ha seguido un camino opuesto. Mientras que el promedio histórico de la inversión pública durante el siglo ha rondado el 3.8 por ciento del PIB, para el ejercicio anterior esta cifra se redujo hasta situarse en el 2.9 por ciento.
Aunque el gasto gubernamental global no ha disminuido debido al peso creciente de las obligaciones financieras, las pensiones y los programas asistenciales, el sector sacrificado es precisamente la inversión. De este modo, se prioriza el gasto corriente de corto plazo en detrimento de los elementos indispensables para garantizar el desarrollo a futuro.
Megaproyectos y opacidad presupuestaria
El problema no radica únicamente en los bajos montos destinados a la formación de capital, sino en la deficiente planeación con la que se ejercen. En un análisis elaborado por el matemático Raúl Rojas, profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, se documenta el impacto financiero de las obras prioritarias de las administraciones federales.
El caso del Tren Maya ilustra esta situación: además de requerir una inversión inicial de 540 mil millones de pesos y generar afectaciones ecológicas severas en manglares y cenotes, el sistema acumuló entre 2023 y 2025 egresos por 9 mil 92 millones de pesos frente a ingresos de apenas 824 millones, lo que se traduce en una pérdida directa de 8 mil 268 millones de pesos.
A esta cifra se suman los recursos ejercidos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, valuados en 84 mil millones de pesos, los costos indirectos derivados de la cancelación de la terminal de Texcoco estimados por Rojas en 250 mil millones de pesos incluyendo compromisos futuros, los 377 mil millones de pesos invertidos en la refinería de Dos Bocas y el gasto de casi 3 mil 768 millones de pesos destinado a la megafarmacia.
Consecuencias políticas y fiscales
La ejecución de estas obras al margen de criterios técnicos y de viabilidad financiera ha deteriorado la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos. La ausencia de estudios rigurosos de impacto económico y ambiental ha dejado espacio a decisiones discrecionales.
Ante este escenario de dispendio y señalamientos de corrupción en los círculos de poder, se debilitan los argumentos de quienes defienden la necesidad de implementar una reforma fiscal para recaudar mayores fondos. La percepción generalizada cuestiona la utilidad de dotar de más recursos al erario si estos se destinan a proyectos ineficientes o redes de amiguismo.
No resulta extraño, por consiguiente, que las proyecciones gubernamentales contemplen una contracción continua de la inversión pública durante los próximos años. Las decisiones discrecionales del ejercicio gubernamental terminan por respaldar de manera indirecta los dogmas fiscales que restringen la intervención del Estado en la economía.
About the Author
