Cuestionan la legalidad de la unidad especial en el caso César “N”
La defensa legal del exfiscal César “N” ha puesto en duda la validez de la instancia investigadora encargada de esclarecer los hechos vinculados al descubrimiento de un narcolaboratorio en la región de El Pinal, ubicada en el municipio de Morelos. De acuerdo con el litigante Héctor Villasana, la unidad creada exprofeso para este asunto carece de las atribuciones jurídicas necesarias para procesar el expediente.
El jurista argumentó que la indagatoria debería ser asumida de manera exclusiva por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, institución que actualmente se encuentra bajo la titularidad de Abelardo Valenzuela. Según la postura de la defensa, desplazar a este organismo autónomo vulnera el marco normativo vigente en la entidad.
Invasión de esferas competenciales y origen del decreto
El centro de la controversia jurídica gira en torno al acuerdo 41/2026, el cual fue difundido oficialmente en el Periódico Oficial del Estado el 25 de abril de 2026. Para el equipo legal del exfuncionario, este decreto gubernamental extralimita las facultades del Poder Ejecutivo al delegar investigaciones en un área ad hoc.
Villasana enfatizó que las conductas imputadas a su cliente, así como los posibles delitos vinculados al ejercicio indebido de funciones públicas, están catalogados legalmente como hechos de corrupción. Por esta razón, la persecución de dichos ilícitos recae por mandato constitucional en la fiscalía especializada, la cual cuenta con autonomía técnica y operativa para garantizar un proceso imparcial.
Exigen definición al Poder Judicial
Durante la estrategia de defensa, se evidenció que el documento oficial de creación de la citada unidad no fundamenta adecuadamente los motivos por los cuales se prescindió de la Fiscalía Anticorrupción. Ante esta situación, el abogado solicitó formalmente a la autoridad judicial que emita un pronunciamiento categórico sobre la incompetencia legal de dicho órgano investigador al momento de definir la situación jurídica del imputado.
La representación legal subrayó que, más allá de la resolución que emita el juez respecto a la vinculación a proceso del exservidor público, el trámite y la conducción de las pesquisas deben trasladarse de forma inmediata a la instancia anticorrupción para evitar vicios de nulidad en el debido proceso. Los argumentos expuestos por la defensa ya se encuentran en manos del órgano jurisdiccional para su análisis y determinación final.
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