Un operativo policial rodea la sede judicial
La Policía polaca desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores del Tribunal Constitucional en Varsovia. La intervención se produjo tras los disturbios generados por un profundo conflicto de autoridad que obligó al presidente del país, Karol Nawrocki, a suspender su viaje oficial a África para regresar de urgencia.
La controversia estalló por la supuesta suspensión del presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente. No obstante, desde el propio organismo judicial se emitió un comunicado asegurando que ambos funcionarios continúan en el ejercicio de sus funciones, profundizando el vacío de poder.
Incidentes y detenciones en la protesta nocturna
Durante la concentración de apoyo a los jueces, tres personas fueron detenidas después de saltar las vallas perimetrales e intentar irrumpir en las instalaciones. La Comandancia de la Policía capitalina aclaró que los uniformados no ingresaron por la fuerza a la sede y que su actuación respondió a una solicitud formal del Fiscal General y de una magistrada ante el riesgo inminente de agresiones.
Ante la gravedad de los hechos, el mandatario nacional interrumpió su visita oficial a Senegal. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado afirmó que “en un momento así, el Presidente debe estar en Polonia”, justificando su retorno inmediato al país europeo.
El ingreso forzado del presidente al tribunal
Cerca de la 1 de la madrugada, cientos de manifestantes y legisladores de la oposición se encontraban congregados frente al edificio. En ese momento, el propio Nawrocki se hizo presente en el lugar y logró superar el cordón de seguridad tras un forcejeo con los agentes y otros magistrados.
Horas más tarde, ya en la madrugada del sábado, el presidente convocó a consultas urgentes con todas las fuerzas políticas del Parlamento. Desde la entrada principal del tribunal, el mandatario denunció una grave ruptura institucional en el país:
“Esta noche se ha producido una violación del orden constitucional de la República de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado”, declaró.
Asimismo, el jefe de Estado exigió la retirada inmediata de los agentes apostados en el recinto y abogó por encontrar una vía de estabilización política.
El origen legal de la fractura política
El detonante de esta crisis institucional ocurrió cuando la jueza de mayor antigüedad, Anna Korwin-Piotrowska, nombrada bajo la administración del primer ministro Donald Tusk, asumió de forma provisional la dirección del tribunal. Esta decisión incluyó la separación temporal por un mes de Święczkowski y su segundo, designados previamente por la administración anterior.
Este enfrentamiento legal tiene raíces profundas en la disputada reforma judicial impulsada por el partido Ley y Justicia (PiS) entre 2015 y 2023, además de la negativa del organismo a integrar a los nuevos magistrados seleccionados por el Parlamento en marzo de 2026.
Respaldo del Gobierno a las medidas judiciales
Por su parte, el primer ministro Donald Tusk avaló la intervención de la magistrada y defendió la suspensión de la cúpula judicial como un paso indispensable para recuperar el equilibrio democrático en el territorio polaco.
El jefe del Ejecutivo argumentó que “no hay otro camino” tras años de irregularidades bajo la gestión del PiS. Además, culpó directamente al sector de Święczkowski por paralizar la Asamblea General y bloquear la incorporación de nuevos jueces, lo que a su juicio provocó el colapso operativo del máximo tribunal.
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