Donald Trump acude a la Corte Suprema para frenar miles de votos por correo en California
El Gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva legal en el tramo final hacia las urnas. Este lunes, el ejecutivo presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para exigir que se aparten 20.000 papeletas emitidas por correo en el estado de California.
Desde la perspectiva del Departamento de Justicia (DOJ), estos sufragios corresponden a personas que no cuentan con la autorización legal requerida por no poseer la ciudadanía estadounidense. Esta maniobra judicial surge en vísperas de las elecciones de medio mandato en todo el país.
Un nuevo revés judicial previo
La decisión de elevar el caso al máximo tribunal se produce después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazara las pretensiones gubernamentales de bloquear dichos votos y someterlos a una revisión más estricta. Con esta resolución, la administración federal sumaba su segunda derrota consecutiva en pocos días.
Tanto el panel de apelaciones como un juzgado de primera instancia fundamentaron sus fallos en la Constitución de Estados Unidos, la cual reserva a los gobiernos estatales la competencia exclusiva sobre la organización y gestión de los procesos electorales.
En su dictamen emitido el pasado viernes, los magistrados señalaron: “Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales”.
La advertencia de los tribunales inferiores
Antes de recalar en la instancia de apelación, la demanda del DOJ fue frenada por el juez David Carter, perteneciente al Distrito Central de California. El magistrado advirtió que la medida impulsada por la Casa Blanca atentaba contra la autonomía autonómica y ponía en peligro el sufragio legítimo.
Carter subrayó que la directriz oficial corría el riesgo de privar de un derecho fundamental a miles de electores válidos, basándose en acusaciones que carecían de solidez y en registros informativos propensos a cometer errores.
La controversia se originó el pasado 15 de octubre, cuando el DOJ y el Departamento de Seguridad Nacional identificaron a un grupo superior a 20.000 residentes a quienes señalaron como presuntos votantes sin nacionalidad estadounidense, exigiendo una comprobación previa antes del escrutinio.
Resistencia institucional en California
Por su parte, las autoridades californianas desestimaron la fiabilidad de los listados aportados por el Gobierno central. Explicaron que segregar los votos señalados resultaba una tarea sumamente compleja, debido a que las papeletas se separan de los sobres con los datos personales durante el procesamiento administrativo.
Ante la posibilidad de que se desplegasen agentes federales en los centros de votación, el gobernador Gavin Newsom anunció un despliegue de observadores y letrados especializados para blindar los comicios y defender la legalidad de la participación ciudadana.
“Mañana emitiremos el veredicto sobre el presidente más corrupto en la historia de EEUU”, aseveró Newsom a través de una publicación difundida este lunes.
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