El Poder Legislativo desecha la propuesta de separación del cargo
Durante una sesión ordinaria llevada a cabo en el recinto parlamentario, el pleno del Congreso del Estado tomó la decisión de frenar una propuesta impulsada por la bancada de oposición. Con un marcador final de 18 votos en contra y 12 a favor, los legisladores locales desestimaron la iniciativa que buscaba presionar a la titular del Ejecutivo estatal para que se apartara de sus funciones de manera provisional.
La propuesta, que también acumuló dos votos a favor adicionales en otra ronda de cómputo y dos abstenciones o ausencias de legisladores, generó un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el órgano legislativo, evidenciando las marcadas diferencias en torno a la fiscalización de las acciones gubernamentales en materia de seguridad pública.
Los motivos detrás del exhorto presentado por Morena
La iniciativa legislativa estuvo a cargo de las diputadas Magdalena Rentería Pérez y Elizabeth Guzmán Argueta, ambas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. El objetivo central de su planteamiento era que la mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván, dejara su puesto temporalmente para permitir que las indagatorias ministeriales sobre un operativo de seguridad realizado en la región serrana del estado transcurrieran sin presiones políticas.
Los hechos que motivaron este posicionamiento ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la zona conocida como El Pinal, ubicada en el municipio de Morelos. De acuerdo con la exposición de motivos presentada en la tribuna, en dicho despliegue táctico perdieron la vida cuatro personas, un saldo trágico que incluyó a dos elementos de corporaciones estatales y a dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense.
Investigaciones en curso y cuestionamientos sobre agentes extranjeros
Las legisladoras morenistas argumentaron que tanto la Fiscalía General de la República como la instancia procuradora de justicia en el ámbito estatal mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los acontecimientos. Dentro de las indagatorias, señalaron que han salido a la luz señalamientos sobre la presunta intervención de cuatro extranjeros que habrían colaborado de manera directa con elementos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación, existiendo posibles antecedentes de cooperación desde octubre de 2025.
Ante este panorama, el documento promovido por la oposición subrayaba la urgencia de determinar quién otorgó los permisos para la incursión de los ciudadanos extranjeros, a qué dependencias o agencias pertenecían realmente y cuáles fueron los mecanismos institucionales de supervisión y enlace con el Gobierno Federal. Asimismo, la bancada promovente insistió en que apartar momentáneamente a la gobernadora no significaba prejuzgar su responsabilidad legal, sino garantizar absoluta transparencia.
Exigencias adicionales al Poder Ejecutivo y fiscalías
Además de la solicitud para que la mandataria solicitara una licencia temporal, el punto de acuerdo contemplaba una serie de peticiones específicas dirigidas a las autoridades encargadas de procurar justicia y a la propia administración estatal. Entre las demandas se encontraba la exigencia de que la Fiscalía General del Estado emitiera un informe detallado sobre los protocolos vigentes para la cooperación con personal extranjero, incluyendo los controles de armamento, las autorizaciones legales y los accesos a los complejos de seguridad.
Del mismo modo, la propuesta requería que el Poder Ejecutivo entregara una relatoría pormenorizada sobre las cadenas de mando, las comunicaciones oficiales, las instrucciones giradas y los esquemas de supervisión vinculados directamente con los sucesos de abril. Pese a la magnitud de los cuestionamientos planteados por la oposición, la mayoría parlamentaria optó por rechazar el exhorto, cerrando la puerta a la separación del cargo solicitada.
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