Incertidumbre en el legislativo por la repentina suspensión
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, reconoció públicamente que no cuenta con información oficial sobre los motivos que llevaron a suspender la discusión y votación de la polémica reforma a la Ley de Bienes, un dictamen que inicialmente figuraba dentro de la agenda oficial para el desarrollo de la sesión ordinaria.
Ante los cuestionamientos directos de los reporteros sobre la repentina modificación en la orden del día, el representante popular mostró desconcierto y optó por devolver la pregunta a los comunicadores al manifestar de forma textual: “¿Por qué bajarían el decreto? No lo sé”, evidenciando una aparente falta de comunicación interna sobre el destino legislativo de la iniciativa.
El dictamen ya contaba con aval previo
Durante su encuentro con la prensa, el legislador recordó que el documento normativo ya había cumplido con las etapas ordinarias del proceso parlamentario, lo que incluía su presentación formal y su posterior aprobación al interior de las comisiones dictaminadoras correspondientes.
Bajo esa perspectiva, el líder partidista puntualizó que la bancada oficialista estimaba poseer el margen numérico y los votos necesarios para respaldar la propuesta y concretar su análisis definitivo ante el Pleno legislativo, por lo que su posterior exclusión generó dudas sobre los acuerdos políticos que se tejen al interior del recinto parlamentario.
Polémica en torno al control de reservas territoriales
Al profundizar en el contenido central de la iniciativa, el congresista detalló que el proyecto normativo contempla modificaciones sustanciales vinculadas con los mecanismos de enajenación de terrenos y la administración de las reservas territoriales propiedad del estado.
Asimismo, el diputado puso sobre la mesa diversas interrogantes en torno al alcance real de la propuesta, advirtiendo sobre el riesgo de que la modificación legal pudiera otorgarle facultades amplias al Poder Ejecutivo para disponer de dichos bienes inmuebles sin la obligación constitucional de someter cada operación comercial o transferencia a la autorización previa del Poder Legislativo, un aspecto que ha generado fricciones y debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
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