Reclaman legislación específica y fondos garantizados
Organismos internacionales y autoridades estatales sostuvieron un encuentro estratégico para debatir sobre la crisis de movilidad humana provocada por la violencia en el territorio chihuahuense. Durante el foro, especialistas y defensores de derechos humanos coincidieron en que el estado enfrenta un desafío mayúsculo que requiere soluciones estructurales urgentes, siendo la principal exigencia la promulgación de una ley estatal específica y la creación de una partida presupuestal permanente.
Los participantes subrayaron que las familias obligadas a abandonar sus hogares de manera repentina debido a contextos de inseguridad necesitan un respaldo financiero constante y seguro, capaz de sostener programas sociales de asistencia a largo plazo. Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de articular una estrategia interinstitucional con el Gobierno Federal, aprovechando los espacios de las mesas de seguridad para pacificar las zonas rurales y serranas más vulnerables.
Reconocimiento institucional y avances normativos
Ante los señalamientos de los organismos globales, la representación gubernamental del estado reconoció los retos heredados al inicio del actual mandato. De acuerdo con las autoridades locales, cuando asumieron funciones, el concepto de desplazamiento forzado ni siquiera figuraba en las normativas jurídicas del territorio, lo que impedía cualquier tipo de respuesta institucional coordinada.
Sin embargo, los funcionarios estatales defendieron los progresos alcanzados en los últimos años. Entre los logros mencionados destaca la implementación formal de un protocolo especializado en la materia y la realización de diagnósticos detallados sobre el fenómeno migratorio interno, un esfuerzo realizado en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Desafíos pendientes en la asignación de recursos
Pese a los instrumentos normativos desarrollados, la administración local admitió que no existe un presupuesto etiquetado de manera exclusiva para atender esta problemática social. No obstante, puntualizaron que desde el año 2023, las personas que huyen de sus comunidades son catalogadas oficialmente como población vulnerable, lo cual les otorga acceso preferencial a los programas de asistencia social ya existentes.
Finalmente, el gobierno estatal reiteró su solicitud hacia la administración federal para consolidar una mesa de trabajo conjunta. El propósito de este esfuerzo coordinado sería no solo mitigar los efectos inmediatos de la crisis, sino también erradicar las causas estructurales que generan la violencia y obligan a cientos de pobladores a dejar atrás su patrimonio y sus lugares de origen.
About the Author
