ine solicita a la fiscalía general de la república indagar contratos y blindar archivos de gestiones pasadas
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha formalizado una petición ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se indagar a fondo la legalidad de los convenios de adquisición celebrados a lo largo de la última década. Esta solicitud abarca los periodos de gestión encabezados por Lorenzo Córdova y la actual administración de Guadalupe Taddei, a raíz de diversas revelaciones públicas que apuntan a la operación de una presunta red de corrupción tejida con diversos contratistas.
La intervención del órgano autónomo busca deslindar responsabilidades individuales y colectivas, apuntando directamente a identificar a quienes hayan autorizado, encubierto o participado en maniobras financieras dudosas. Asimismo, las indagatorias pretenden esclarecer si funcionarios públicos obtuvieron beneficios económicos al margen de la ley mediante el otorgamiento discrecional de convenios comerciales.
Señalamientos sobre proveedores y materiales electorales
La decisión institucional se detona tras la difusión de materiales audiovisuales e investigaciones periodísticas que exponen supuestos nexos entre figuras del funcionariado electoral, la consejera presidenta y el empresario Alfredo Hernández Casillas. Dicho personaje está vinculado a corporaciones mercantiles que lograron adjudicarse convenios por sumas millonarias destinados a la provisión de insumos esenciales para los comicios.
Las indagaciones solicitadas no se limitan a suministros generales, sino que extienden su alcance a los procesos de licitación y adjudicación vinculados con la fabricación de las credenciales para votar, un elemento crítico para la seguridad y certeza de los procesos democráticos en el país.
Protección de archivos y revisión de pruebas
Como parte fundamental de la petición formulada al ministerio público federal, el organismo autónomo exigió el aseguramiento inmediato de todo el acervo documental, físico y digital. Esto incluye expedientes de contratación, comprobantes financieros, órdenes de pago y registros internos, con la finalidad de prevenir cualquier intento de sustracción, daño o alteración de las evidencias.
Adicionalmente, el instituto solicitó a las autoridades ministeriales el análisis técnico de los audios y videos que han circulado en los canales públicos de información. El objetivo es verificar la autenticidad de dichos materiales y esclarecer el trasfondo de las conversaciones involucradas.
Delitos bajo investigación y auditoría externa
La denuncia presentada contempla la persecución de seis ilícitos específicos que deberán ser analizados por los peritos y fiscales correspondientes:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades.
- Ejercicio abusivo de funciones.
- Tráfico de influencias.
- Cohecho.
- Peculado.
- Enriquecimiento ilícito.
Con estas acciones, la autoridad electoral pretende comprobar si existieron pactos colusorios orientados a beneficiar de manera sistemática a ciertas corporaciones comerciales a cambio de contraprestaciones económicas ilegítimas para servidores públicos.
En paralelo a la vía penal, el pleno del organismo acordó requerir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización exhaustiva de los rubros de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios correspondientes al lapso comprendido entre 2016 y 2026. Como medidas complementarias de control interno, se habilitaron canales seguros para recibir reportes confidenciales y se blindaron los archivos institucionales, en un esfuerzo por mitigar el impacto institucional y salvaguardar la legitimidad del instituto de cara a los comicios de 2027.
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