Una grave denuncia sacude la escena política en Oaxaca
El panorama político en el estado de Oaxaca se encuentra envuelto en un profundo escándalo después de que una legisladora federal hiciera públicas graves acusaciones en contra de una funcionaria de la administración estatal. El conflicto ha encendido las alarmas debido a la naturaleza de los señalamientos, que involucran intimidaciones directas y supuestas conexiones con grupos delictivos organizados.
La controversia gira en torno a Lucía Jazmín Torres Castillo, de 23 años de edad, quien ocupa actualmente el cargo de encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, una dependencia adscrita a la Secretaría de Gobierno estatal, misma que se encuentra bajo la titularidad de Jesús Romero López. La funcionaria obtuvo su título de licenciada en Derecho por la Universidad La Salle en noviembre de 2025 y su cédula profesional fue expedida en mayo de 2026. Su designación oficial, efectuada el pasado 5 de noviembre, ya había provocado cuestionamientos previos por parte de diversos sectores debido a su limitada trayectoria en el servicio público.
El origen del conflicto y las amenazas denunciadas
De acuerdo con la versión de la diputada federal Aracely Cruz Jiménez, perteneciente al Partido del Trabajo (PT), las tensiones escalaron durante una serie de mesas de trabajo llevadas a cabo entre los meses de julio y noviembre. Dichos encuentros tenían como objetivo principal atender la acreditación de autoridades locales electas pertenecientes a San Juan Mazatlán, las cuales cuentan con un fallo favorable emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La legisladora federal aseguró que, en el transcurso de estas reuniones de trabajo, la joven funcionaria estatal aludió de manera reiterada a supuestos vínculos de sus familiares con mandos del crimen organizado en la zona, llegando a mencionar que existían evidencias fotográficas que respaldaban dichos encuentros. Ante este panorama, la representante popular decidió alzar la voz de manera pública para exigir la intervención inmediata de las instancias federales de seguridad, solicitando protección integral tanto para ella como para sus colaboradores más cercanos y su núcleo familiar.
Vínculos con otros casos e intervención federal
Durante su declaración, Cruz Jiménez vinculó el contexto de sus preocupaciones con el caso de la activista mixe Sandra Domínguez, quien permanece en calidad de desaparecida desde el año 2024 junto con su pareja sentimental. La diputada sostuvo que, en medio de los diálogos sostenidos con la funcionaria, salieron a relucir comentarios relacionados con el padre de Torres Castillo y presuntas amenazas dirigidas contra la activista.
Para sustentar sus acusaciones ante las autoridades competentes, la legisladora afirmó poseer registros en audio y diversas pruebas documentales que planea entregar personalmente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. El objetivo de esta gestión es formalizar la denuncia y gestionar medidas urgentes de resguardo a través de la Guardia Nacional.
Cuestionamientos administrativos y silencio oficial
Además de las acusaciones sobre intimidación y supuestos nexos delictivos, la designación de la funcionaria ha estado bajo la lupa debido a las percepciones económicas asignadas a su puesto, las cuales rondan los 43 mil pesos mensuales. La falta de experiencia documentada en la administración pública también ha sido un factor de debate entre la opinión pública.
Hasta el momento, las imputaciones se limitan a la denuncia pública formulada por la legisladora federal y no representan una resolución de carácter judicial. Por su parte, la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca ha mantenido un perfil reservado y no ha emitido una postura oficial para fijar una postura frente a la gravedad de los señalamientos que pesan sobre la integrante de su gabinete.
About the Author
