El Gobierno federal intensifica la investigación sobre los nexos con la agencia estadounidense
Ante la controversia generada en torno a la actuación de exfuncionarios estatales, la administración federal ha decidido profundizar en las indagatorias. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá formalmente al Gabinete de Seguridad un informe detallado sobre la situación de Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñara como exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro en el estado de Chihuahua.
La jefa del Ejecutivo federal enfatizó la importancia de esclarecer la identidad del exservidor público y de dimensionar el alcance real de los nexos que presuntamente mantuvo con integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos durante sus funciones en territorio mexicano. La mandataria busca determinar si existieron irregularidades graves en el ejercicio de sus facultades.
Impacto mediático y el papel de la Fiscalía General de la República
El escándalo cobró notoriedad pública tras una investigación publicada por el diario The New York Times. Dicho medio reveló que Zuany habría permitido y facilitado la incursión de operativos de la CIA en tareas de seguridad y procuración de justicia en el estado norteño desde 2025.
Frente a estos señalamientos, Sheinbaum puntualizó que la responsabilidad de profundizar en las pesquisas recae directamente sobre la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo principal es fincar las responsabilidades legales que correspondan ante la presunta participación de personal extranjero operando al margen de los cauces institucionales establecidos.
Presunta violación a la soberanía y la Ley de Seguridad Nacional
La jefa de Estado recordó que las autoridades federales detectaron la presencia de elementos estadounidenses en la entidad norteña. En su momento, el Gabinete de Seguridad evaluó la situación y determinó que dichas acciones constituían una posible vulneración a la Ley de Seguridad Nacional, lo que motivó la apertura inmediata de una carpeta de investigación formal.
Bajo este contexto, la presidenta reiteró que cualquier esquema de cooperación bilateral en materia de seguridad con naciones extranjeras debe apegarse estrictamente a la Constitución mexicana y al marco legal vigente, salvaguardando en todo momento la soberanía del país.
Estatus legal de los involucrados y postura estatal
Las ramificaciones de este caso han alcanzado a otras altas esferas de la política chihuahuense. En el expediente también figura el ex fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien actualmente se encuentra detenido y enfrenta un proceso judicial derivado de estos acontecimientos.
En contraste, Guillermo Zuany mantiene el estatus de prófugo de la justicia, al contar con diversas órdenes de aprehensión giradas en su contra. Por su parte, la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos, deslindó a su administración de cualquier conocimiento previo sobre la presunta red de colaboración con la inteligencia estadounidense, exigiendo que el excolaborador responda ante los tribunales.
Finalmente, el Ejecutivo federal dejó en claro que el Estado mexicano no rechaza la colaboración internacional contra el crimen, siempre y cuando se conduzca con transparencia, respeto mutuo y estricto apego a las leyes nacionales.
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