Cumplimiento de una resolución judicial
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a liberar dos instrumentos financieros pertenecientes a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Esta acción administrativa se originó luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) otorgara una medida cautelar a favor del exmandatario estatal.
La medida, que se concretó formalmente el 5 de noviembre y trascendió públicamente durante los días posteriores, devolvió al político el acceso a los fondos donde se depositan sus ingresos por jubilación, los cuales se encontraban retenidos desde el mes de mayo.
Alcance limitado del descongelamiento
Según los registros del expediente, la instrucción de liberación quedó asentada en el acuerdo UIF 110/K/6246/2026. Este mandato se emitió en estricto cumplimiento a la determinación dictada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA.
No obstante, los expertos jurídicos señalaron que esta resolución posee un carácter estrictamente delimitado. Esto significa que la medida no implica el desbloqueo total del patrimonio del exfuncionario, ya que el resto de sus cuentas bancarias y activos financieros se mantienen bajo restricción por parte de las autoridades hacendarias.
Origen de los recursos liberados
El desglose de los fondos ahora accesibles muestra que una de las cuentas liberadas concentra dos percepciones económicas de carácter social y laboral: una pensión por viudez del ISSSTE y otra asignada por cesantía en edad avanzada a través del IMSS.
Por otro lado, la segunda cuenta corresponde de manera exclusiva a los emolumentos de jubilación que el político recibe por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), casa de estudios donde laboró como académico y en la cual ocupó el cargo de rector durante su trayectoria profesional previa a la función pública.
Antecedentes de la investigación financiera
La inmovilización de los capitales de Rocha Moya se originó el 18 de mayo, fecha en la que la dependencia federal determinó incluirlo dentro de su lista de personas con restricciones financieras. Dicha sanción administrativa se derivó tras la difusión de señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respecto a posibles nexos con la organización criminal conocida como Los Chapitos.
Ante esta situación, la defensa legal del exgobernador intentó revertir la decisión por la vía administrativa ordinaria. Sin embargo, el 4 de agosto la autoridad hacendaria ratificó su postura inicial, lo que motivó a los representantes legales a interponer los recursos de impugnación correspondientes ante los tribunales administrativos.
Situación legal actual
A pesar de que el fallo judicial le concede la posibilidad de disponer nuevamente de los ingresos correspondientes a sus retiros laborales, las instancias legales y administrativas continúan su curso. Las indagatorias y los cuestionamientos formulados por instancias internacionales siguen vigentes, los cuales han sido negados por el propio Rocha Moya en repetidas ocasiones.
Las autoridades federales reiteraron que la restitución parcial de estos depósitos no representa una exoneración jurídica ni marca el cierre definitivo de las investigaciones sobre el patrimonio del exgobernador sinaloense.
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