Confirman sanción contra Rosario Robles: tribunal ratifica un año de inhabilitación por omitir cuenta bancaria
Un órgano de impartición de justicia en materia administrativa ratificó por unanimidad la sanción impuesta a una de las exfuncionarias más polémicas de la administración federal pasada. La medida administrativa impedirá que la exreponsable de políticas sociales y agrarias vuelva a ocupar puestos dentro de la administración pública federal durante un periodo determinado.
La resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Durante una sesión celebrada el 18 de noviembre de 2026, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinaron respaldar de forma unánime la sanción de un año de inhabilitación en contra de Rosario Robles Berlanga, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con esta determinación, además de quedar imposibilitada para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión dentro del servicio público a nivel federal, su nombre quedará formalmente inscrito en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, un padrón de control administrativo que opera a nivel nacional.
Origen de la sanción y la omisión patrimonial
El conflicto administrativo que dio pie a esta medida se remonta a las revisiones efectuadas por la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP). La dependencia federal detectó que la exintegrante del gabinete no reportó la existencia de una cuenta bancaria propia al momento de rendir sus declaraciones patrimoniales obligatorias.
Derivado de esta anomalía, en el mes de septiembre de 2019, las autoridades fiscalizadores emitieron una primera sanción que contemplaba un castigo severo de 10 años sin poder ejercer funciones públicas, bajo el argumento de que había faltado a la verdad en los datos proporcionados durante su gestión gubernamental.
Litigios y reducción del castigo
Inconforme con la magnitud de la medida punitiva, la defensa legal de la exfuncionaria promovió diversos recursos jurídicos. Como resultado de estas acciones, un Tribunal Colegiado ordenó la anulación de la pena inicial, lo que obligó a la dependencia encargada del control interno a revaluar el caso y emitir una nueva resolución en junio de 2023, ajustando el periodo de inhabilitación a únicamente 12 meses.
Pese a la reducción sustancial del tiempo de castigo, la afectada volvió a interponer recursos legales bajo el argumento de que las autoridades pretendían juzgarla y castigarla doblemente por los mismos acontecimientos, violando presuntamente sus garantías procesales.
No obstante, los integrantes del TFJA desestimaron dichos argumentos jurídicos. Los juzgadores explicaron que la determinación emitida en 2023 constituía simplemente una continuación legítima del proceso disciplinario abierto desde 2019, y no una nueva penalización aislada. Por consiguiente, avalaron la validez jurídica de la inhabilitación, misma que comenzará a computarse una vez que se concrete la notificación oficial a la interesada, descartando cualquier tipo de aplicación retroactiva.
Diferencias con el proceso penal previo
Las autoridades recordaron que este procedimiento de carácter estrictamente administrativo camina por una vía completamente ajena a los procesos penales que enfrentó en el pasado la exfuncionaria vinculada al caso conocido públicamente como la Estafa Maestra.
Cabe recordar que Rosario Robles permaneció privada de su libertad en un centro penitenciario durante un lapso cercano a los tres años. Posteriormente, en el mes de octubre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el fallo que la eximió de toda responsabilidad penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público. En consecuencia, la actual resolución del tribunal administrativo se limita de forma exclusiva a sancionar la falta de veracidad y la omisión detectadas en sus reportes patrimoniales oficiales.
