Una investigación que expone fallas críticas en el sistema de salud naval
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo pública su intervención institucional tras documentar una serie de irregularidades graves en la atención hospitalaria brindada a una paciente de la tercera edad. El organismo protector de los derechos fundamentales dirigió la Recomendación 35/2026 a la Secretaría de Marina (SEMAR), señalando directamente la responsabilidad de la dependencia en el deterioro clínico que culminó con el deceso de la ciudadana.
Los hechos acreditados por la Cndh se registraron en el Hospital Naval de Campeche, donde la afectada ingresó buscando alivio tras sufrir una lesión severa en el hombro derecho a consecuencia de una caída accidental. Sin embargo, en lugar de recibir una solución oportuna a su padecimiento traumatológico, la paciente se enfrentó a un ciclo prolongado de omisiones administrativas y clínicas.
Meses de dolor y tratamientos inadecuados
De acuerdo con la relatoría del organismo autónomo, el periodo crítico abarcó desde el 1 de febrero hasta el 4 de abril de 2025. Durante estos dos meses, diversas áreas del nosocomio, incluyendo los departamentos de Urgencias, Ortopedia, Rehabilitación y Terapia de Acupuntura, fallaron en ofrecer un diagnóstico integral y un manejo terapéutico adecuado.
El expediente detalla que la derechohabiente acudió a las instalaciones médicas en más de cinco ocasiones durante un lapso de 30 días debido a un cuadro de dolor intenso. A pesar de que la paciente contaba con un historial clínico de riesgo que incluía hipertensión arterial y diabetes tipo 2, el personal facultativo optó por recetar principalmente analgésicos, sesiones de rehabilitación física y tratamientos de acupuntura, minimizando la gravedad de la lesión original.
Uno de los puntos más críticos señalados en la indagatoria fue la falta de programación de una intervención quirúrgica indispensable para atender la lesión del hombro. Las autoridades del hospital justificaron la negativa argumentando la falta de material médico, pero la investigación demostró que los directivos tampoco realizaron las gestiones necesarias para derivar y trasladar a la enferma a otra unidad médica que contara con los insumos requeridos.
Infección no detectada y un traslado tardío
La negligencia institucional permitió que una complicación médica menor escalara de manera irreversible. Según los reportes periciales de la CNDH, los médicos tratantes omitieron identificar oportunamente una infección articular que ya quedaba de manifiesto en los estudios clínicos realizados a la paciente. Esta falta de pericia médica provocó que el cuadro infeccioso se propagara a otras zonas del organismo.
Fue hasta el 7 de abril de 2025 cuando la mujer fue evacuada hacia el Hospital Naval de Yucalpetén, ubicado en el estado de Yucatán. En dicho centro médico finalmente se le practicó una cirugía, aunque esta se realizó cuatro días después de su ingreso. Días más tarde, el 16 de abril, la paciente fue trasladada nuevamente, esta vez al Centro Médico Naval en la Ciudad de México, para someterse a una segunda intervención quirúrgica y recibir atención multidisciplinaria.
Pese a los esfuerzos terapéuticos tardíos en la capital del país, el daño sistémico ya era grave. Las complicaciones derivadas de la infección no tratada a tiempo deterioraron de forma drástica su salud, provocando su fallecimiento el 20 de julio de 2025.
Exigen reparación del daño y garantías de no repetición
Tras concluir las investigaciones pertinentes, la CNDH determinó que la institución naval incurrió en violaciones graves a múltiples derechos humanos, específicamente a la protección de la salud, a la vida, al trato digno y al acceso a la información médica. Este último derecho también fue vulnerado en agravio de tres familiares directos, quienes fueron reconocidos oficialmente como víctimas indirectas del caso.
Ante este panorama, el organismo autónomo exigió a la Secretaría de Marina cumplir con una serie de puntos recomendatorios de cumplimiento obligatorio. Entre las peticiones destacan la reparación integral del daño causado a los deudos, la provisión inmediata de atención psicológica y tanatológica para los familiares afectados, y una estrecha colaboración institucional con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control para deslindar responsabilidades penales y administrativas.
Finalmente, la CNDH solicitó la implementación de programas permanentes de capacitación y actualización para el personal médico, así como la adopción de medidas estructurales eficaces que garanticen la disponibilidad de insumos para evitar que se repitan casos de negligencia institucional similares en los hospitales navales del país.
