Cada 2 de abril, el mundo se tiñe de azul por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Sin embargo, tras los listones y la iluminación de monumentos, yace una realidad incómoda que no se resuelve con gestos simbólicos. Concienciar no es solo saber que el autismo existe, es entender que, en pleno 2026, el acceso a una vida digna para las personas neurodivergentes sigue dependiendo de la cuenta bancaria de sus padres y del género con el que nacieron.
La detección temprana es el primer gran muro. Sabemos, por evidencia clínica, que la intervención en los primeros años de vida es crucial para el desarrollo de la autonomía. No obstante, en nuestro sistema de salud, el diagnóstico temprano es una carrera de obstáculos. Para muchas familias, obtener una evaluación oficial en el sector público es un calvario de meses, o años de espera. Esta demora no es un trámite burocrático, es tiempo vital que se le roba al desarrollo de un niño o una niña.
Aquí es donde la obligación del Estado se vuelve ineludible. El Gobierno no puede seguir delegando la atención del autismo a la buena voluntad de las ONGs o a la capacidad de pago del sector privado. La salud neurodivergente es un derecho, no un servicio de lujo. Se requieren políticas públicas que garanticen centros de detección en zonas rurales y urbanas, formación especializada para pediatras y docentes, y una cobertura de terapias que no deje a las familias en la quiebra. Un Estado que ignora a su población neurodivergente es un Estado que falla en su promesa de equidad.
Pero hay una brecha aún más silenciosa: la de género. Durante décadas, el autismo se ha diagnosticado bajo un sesgo masculino. Las niñas y mujeres suelen presentar perfiles de camuflaje o masking social que las vuelve invisibles ante los ojos de profesionales no actualizados. El resultado es devastador, mujeres que llegan a la edad adulta cargando diagnósticos erróneos de ansiedad o depresión, sin entender por qué el mundo les resulta abrumador. Detectar el autismo en niñas no es solo una deuda médica, es una cuestión de justicia feminista.
Juntas y juntos impulsemos presupuestos etiquetados, sistemas de salud que entiendan la neurodiversidad sin sesgos de género y un compromiso político que pase de la narrativa a la acción. Porque el espectro es amplio, pero nuestro tiempo para actuar, como sociedad y como Gobierno, es limitado.
Jennifer Islas. Política y conferencista.
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