La relación entre los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y el régimen cubano no es un accidente diplomático ni una inercia burocrática: es una definición política. Desde el sexenio de López Obrador hasta el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, México ha optado por sostener, respaldar y en algunos casos ampliar vínculos con La Habana en un momento en el que el entorno internacional y particularmente el hemisférico, ha cambiado de forma sustantiva.
Lo que antes podía leerse como una postura de “no intervención” o como una continuidad de la tradición diplomática mexicana, hoy se percibe cada vez más como una alineación ideológica con un régimen que ha perdido no solo viabilidad económica, sino legitimidad política incluso entre su propia población. Cuba atraviesa un deterioro estructural evidente: crisis energética, migración masiva, protestas sociales y un modelo político incapaz de reformarse sin poner en riesgo su propia existencia.
Esta alineación no es únicamente discursiva. Se expresó de manera explícita en La Habana, cuando dirigentes de Morena formalizaron un acuerdo de cooperación con el Partido Comunista de Cuba, en un acto político encabezado por su dirigencia y acompañado por Miguel Díaz-Canel. No se trató de un gesto menor ni protocolario: fue la institucionalización de una cercanía ideológica entre el partido gobernante en México y el aparato político de una dictadura que carece de competencia electoral real y de mecanismos democráticos efectivos.
En este contexto, la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de mantener y defender públicamente el programa de médicos cubanos en México no es menor. Este programa ha sido señalado en múltiples instancias internacionales como un mecanismo mediante el cual el Estado cubano controla, administra y retiene la mayor parte de los ingresos de sus profesionales de la salud. No se trata únicamente de cooperación médica: se trata de un esquema que ha sido cuestionado por posibles violaciones a derechos laborales fundamentales.
Persistir en este modelo, en el momento actual, deja de ser una política pública discutible y se convierte en una señal estratégica. Una señal que, inevitablemente, es leída en Washington.
La administración de Donald Trump ha sido clara en su enfoque hacia Cuba: presión económica, aislamiento diplomático y revisión integral de cualquier mecanismo que implique financiamiento indirecto al régimen. Esta postura no es marginal ni retórica; forma parte de una visión más amplia de reconfiguración hemisférica, en la que América Latina vuelve a ser considerada un espacio estratégico de seguridad, energía e influencia.
En ese marco, el papel del actual secretario de Estado, Marco Rubio, resulta particularmente relevante. Rubio no solo conoce profundamente la dinámica cubana, sino que ha sido uno de los principales impulsores de una línea dura frente al régimen. Su visión no distingue entre apoyos directos e indirectos: cualquier esquema que fortalezca financieramente al Estado cubano es, en su lectura, un problema de seguridad y coherencia estratégica para Estados Unidos.
Es aquí donde la política mexicana entra en una zona de riesgo innecesario.
Sostener vínculos económicos, logísticos o simbólicos con Cuba (incluyendo el programa de médicos) en este nuevo entorno no es gratuito. Implica enviar una señal de desacople respecto a la política hemisférica estadounidense en un momento particularmente delicado: la revisión y negociación del T-MEC.
México no negocia el T-MEC desde una posición abstracta ni aislada. Lo hace en un contexto de alta dependencia comercial, integración productiva profunda y creciente presión política en Estados Unidos para condicionar acuerdos económicos a criterios de seguridad nacional. En ese marco, cualquier gesto que pueda interpretarse como respaldo a regímenes considerados adversarios por Washington introduce un costo adicional, innecesario y evitable.
La insistencia en sostener una política hacia Cuba basada en afinidades ideológicas y no en una lectura realista del entorno, revela un problema de fondo: la sustitución de la estrategia por la narrativa. No se trata de renunciar a principios ni de subordinar la política exterior, sino de entender que el margen de maniobra de México está determinado por su geografía, su economía y su inserción internacional.
Hoy, ese margen exige prudencia, inteligencia y cálculo. Porque en política internacional, los gestos también se negocian. Y algunos, como este, se pagan.
México no necesita tensar innecesariamente su relación con Estados Unidos para sostener una relación con un régimen que carece de consensos internos y cuya viabilidad es cada vez más cuestionada. Menos aún en un momento en el que las definiciones hemisféricas se están reconfigurando con rapidez.
Persistir en esta ruta no es un acto de soberanía: es una apuesta de alto riesgo. Y, sobre todo, una apuesta innecesaria.
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