Hay algo que rara vez aparece en los indicadores, pero define la experiencia democrática: el tiempo que una persona pierde en una fila, el traslado de dos horas para llegar al trabajo, la cita médica que se pospone, el trámite que obliga a faltar un día entero. Ahí, en esas escenas cotidianas, también se juega la democracia.
En días pasados se publicó el informe “Oligarquía o democracia” de Oxfam México. Más allá de la polémica, el documento recuerda algo que solemos pasar por alto: la democracia puede mantenerse en las formas, pero si la riqueza y el poder económico se concentran, empieza a erosionarse desde su base.
México ha tenido avances importantes en los últimos años. El aumento al salario mínimo incidió en la reducción de la pobreza multidimensional. La política social se asumió con mayor claridad como derecho. Se corrigieron inercias que durante décadas ampliaron brechas.
Pero el mismo periodo muestra otra realidad: mientras millones mejoraban su ingreso, la concentración de la riqueza siguió creciendo. Las grandes fortunas avanzaron más rápido que la economía en su conjunto. No es un dato menor: cuando la acumulación crece más rápido que el país, el poder también se concentra.
La desigualdad no es solo ingreso; es capacidad de incidir. Es quién fija condiciones, quién influye en la regulación y, en los hechos, quién puede frenar decisiones colectivas. Cuando esa asimetría se vuelve estructural, la igualdad política empieza a volverse frágil.
El capitalismo —nombrémoslo sin rodeos— premia la acumulación. Sin contrapesos públicos firmes y reglas claras, la concentración no es una anomalía: es el resultado lógico del sistema. Y cuando la concentración económica adquiere influencia desproporcionada sobre lo público, surgen rasgos oligárquicos incluso dentro de democracias formales.
La tensión no es teórica. Se expresa todos los días: en el salario que compite contra utilidades récord; en el acceso desigual a servicios; en la diferencia entre quien negocia condiciones y quien apenas puede aceptarlas.
También se expresa en el ámbito ambiental. Quienes concentran mayor riqueza suelen tener una huella ecológica desproporcionada, mientras que quienes menos contribuyen a las emisiones padecen con mayor intensidad sequías, inundaciones, contaminación o servicios urbanos precarios.
La crisis climática no es solo un fenómeno ambiental; es un reflejo de cómo se distribuyen el poder económico y los costos del modelo. La contaminación, la degradación y la escasez no afectan de manera neutral. Se viven de forma desigual.
Reducir la pobreza es indispensable. Pero si la concentración de la riqueza permanece intacta, los avances pueden volverse vulnerables frente a crisis futuras o presiones económicas.
Una mayoría respaldada en las urnas no solo gestiona; también redefine reglas. Democratizar la economía implica establecer límites a la acumulación excesiva, fortalecer la capacidad regulatoria del Estado y asegurar que el poder económico no sustituya al poder democrático.
La discusión sobre reformas institucionales es relevante, pero ninguna arquitectura electoral resolverá por sí sola estas tensiones si la estructura económica permanece intacta.
La mayoría electoral es un punto de partida. La democracia económica es el paso que sigue.
La lucha contra la pobreza y la desigualdad no es una agenda sectorial; es un imperativo moral de nuestra democracia. Y quienes venimos de la lucha democrática tenemos que tener claro algo: no hemos llegado hasta aquí para administrar la desigualdad. Hemos llegado para superarla.
About the Author
