Más que una actualización de cifras, el más reciente informe del gobierno federal sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas expone un problema de fondo: la fragilidad estructural del sistema que durante décadas ha documentado uno de los fenómenos más sensibles del país.
Lejos de centrarse únicamente en el número total de personas desaparecidas, el diagnóstico presentado por autoridades federales coloca el foco en la calidad de los datos, las inconsistencias acumuladas y los vacíos metodológicos que han distorsionado la comprensión real del fenómeno.
De acuerdo con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, desde 1952 se han registrado 394 mil 645 personas como desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, el análisis detallado revela que 66% de ellas (262 mil 111) ya han sido localizadas, y de este grupo, 92% fueron encontradas con vida.
Más aún, el informe subraya que 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, lo que apunta a que una proporción significativa de los reportes responde a ausencias voluntarias, errores administrativos o fallas en la integración de expedientes.
Un registro con fallas de origen
El elemento más revelador del informe no radica en la cifra global, sino en la “radiografía” del propio registro nacional. El análisis identificó tres grandes bloques de inconsistencias:
46 mil 742 casos (36%) carecen de datos esenciales como nombre, fecha o lugar de desaparición, lo que imposibilita cualquier esfuerzo de búsqueda efectivo.
40 mil 308 registros (31%) muestran actividad posterior a la supuesta desaparición, como trámites oficiales o interacciones con instituciones.
43 mil 128 casos (33%) cuentan con información completa, pero no presentan avances ni indicios posteriores.
Estos hallazgos evidencian que el problema no se limita a la desaparición de personas, sino a la manera en que el Estado ha construido —y en muchos casos descuidado— su principal herramienta de registro.
“Desaparecidos” con vida administrativa
Uno de los aspectos más sensibles del informe es la detección de decenas de miles de personas que, pese a figurar como desaparecidas, continuaron realizando actividades oficiales.
Entre los registros detectados se encuentran trámites como inscripción al padrón del INE, altas en el SAT, matrimonios, registros de hijos e incluso procesos de vacunación, lo que confirma fallas graves en la actualización y verificación de datos.
Para atender esta situación, el gobierno implementó un mecanismo de verificación que incluye llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y cruces de información interinstitucional. Como resultado, 5 mil 269 personas han sido ya reclasificadas como localizadas.
Reformas para corregir el sistema
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, reconoció que muchas de estas inconsistencias derivan de un modelo anterior sin controles claros, donde los registros podían integrarse sin requisitos mínimos de información.
Ante este escenario, en 2025 se impulsaron reformas orientadas a fortalecer la confiabilidad del sistema, entre ellas:
La obligación de incluir datos mínimos en cada reporte
La apertura automática de carpetas de investigación
La creación de una Alerta Nacional de Búsqueda
El desarrollo de una plataforma única de identidad
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
Mayor coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda
Dos etapas de un mismo fenómeno
El informe también plantea una lectura histórica del problema, diferenciando dos periodos clave:
Por un lado, entre 1950 y 1990, las desapariciones estuvieron marcadas por la llamada Guerra Sucia, con casos de desaparición forzada vinculados al Estado.
Por otro, a partir de 2006, el fenómeno se intensificó en el contexto de la violencia generada por el crimen organizado tras la estrategia federal contra el narcotráfico.
Búsqueda en curso y cifras en revisión
Pese a las deficiencias detectadas, el gobierno aseguró que las labores de búsqueda continúan y que se mantendrán abiertas investigaciones en casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa.
En el periodo más reciente, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas, lo que mantiene una tendencia en la que 66 de cada 100 personas reportadas son encontradas, y de ellas, la gran mayoría con vida.
El reto, reconocen las autoridades, no sólo es encontrar a quienes faltan, sino reconstruir con precisión un registro que durante años acumuló errores, omisiones y datos incompletos, y que hoy se convierte en pieza clave para entender —con mayor claridad— la verdadera dimensión de las desapariciones en México.
La entrada Depuración del registro de desaparecidos revela fallas históricas y redefine la dimensión del problema en México se publicó primero en La Chispa.
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