REFUTACIONES POLÍTICAS
El derecho insiste en narrarse como el gran árbitro de la vida social: un sistema racional de normas generales que ordena la convivencia y garantiza la justicia. Bajo esa misma lógica, el poder judicial se presenta como su intérprete imparcial, un órgano técnico que simplemente interpreta y aplica la ley. Pero esa imagen, lejos de describir la realidad, constituye una de las ficciones más eficaces para sostener el orden existente.
Como señaló Pierre Bourdieu, el poder más profundo es aquel que logra ocultarse tras la apariencia de legitimidad. El derecho no solo organiza conductas: produce una visión del mundo que se impone como natural. Y en ese proceso, lo que se presenta como neutralidad no es más que la forma más refinada de dominación.
Cuando un conflicto social entra al campo jurídico, no encuentra justicia: encuentra traducción. La desigualdad se convierte en contrato, el despojo en propiedad, la violencia estructural en legalidad. El lenguaje jurídico no describe la realidad; la distorsiona bajo categorías que excluyen todo aquello que no puede ser procesado técnicamente: lo que queda fuera simplemente deja de existir.
En ese universo cerrado, el juez no aplica la ley: la recrea. Cada sentencia no es el descubrimiento de una verdad, sino la imposición de una versión autorizada de los hechos. Sin embargo, esa imposición se reviste de solemnidad, de procedimiento, de técnica. La toga, el lenguaje encriptado, la liturgia judicial no son ornamentos: son dispositivos que producen obediencia.
Aquí la violencia ya no necesita mostrarse. Como advertiría Michel Foucault, el poder más eficaz es el que se ejerce sin ser reconocido como tal. Las personas acatan decisiones que no comprenden, aceptan categorías que las subordinan y terminan reconociendo como justo aquello que las perjudica. No hay imposición visible; hay interiorización.
La promesa de igualdad ante la ley completa el cuadro. Formalmente, todos son iguales. En la práctica, esa igualdad es una ilusión que encubre profundas asimetrías: quien tiene recursos accede a defensa, quien no los tiene se enfrenta a un sistema opaco y distante. Pero el derecho no corrige esa desigualdad: la traduce en términos jurídicos y la legitima.
El principio de que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento revela con crudeza esta lógica. Se exige a todos conocer un sistema que, por su complejidad, está diseñado para no ser comprendido por la mayoría. La responsabilidad se desplaza así hacia el individuo, mientras el sistema permanece incuestionado. No es un principio de justicia; es un mecanismo de disciplinamiento.
La llamada neutralidad judicial cumple entonces una función decisiva: impedir que el poder se reconozca como poder. Si los jueces son neutrales, sus decisiones no son políticas. Si el derecho es imparcial, las desigualdades no son estructurales. Todo queda reducido a casos aislados, a errores corregibles, a desviaciones menores; así el sistema, en su conjunto, permanece intacto.
Pero la realidad es más áspera: el derecho no es un árbitro, sino un campo de lucha donde unos tienen la capacidad de imponer su visión del mundo sobre otros. La neutralidad no es una virtud; es el velo que oculta esa imposición.
En este contexto, hablar de democratizar el derecho puede resultar incluso ingenuo. Mientras su lenguaje siga siendo excluyente, mientras sus operadores concentren el monopolio de la interpretación y mientras sus decisiones se revistan de una autoridad incuestionable, la justicia seguirá operando como una promesa vacía para la mayoría.
Desenmascarar la neutralidad no transforma automáticamente el sistema, pero sí destruye su coartada más poderosa. Y lo que queda al descubierto es incómodo: un orden jurídico que no descansa en la igualdad ni en la comprensión, sino en la aceptación forzada de una realidad que otros han definido: el derecho no fracasa en ser neutral, nunca lo ha sido.
En X: @RubenIslas3
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