El Gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, al considerar que se trata de un documento tendencioso que no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano. Según la postura oficial, dichos elementos evidencian que varios de los argumentos expuestos no coinciden con la propia definición de desaparición forzada utilizada por el comité, ni con los avances institucionales alcanzados en los últimos años, especialmente desde 2019 y con mayor énfasis a partir de 2025.
Informe se centra en periodos anteriores
En un comunicado, el gobierno federal señaló que el informe hace referencia principalmente a hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que además se enfoca en cuatro entidades del país. No obstante, indicó que la conclusión adoptada por el Comité resulta parcial y sesgada.
La administración federal subrayó que el organismo internacional omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo. Asimismo, lamentó que el comité haya decidido no analizar la información actualizada entregada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.
El Gobierno de México también destacó que en los párrafos 117 y 118 del propio documento el Comité reconoce que no existen indicios fundados de una política federal orientada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, ya sea por acción u omisión.
De acuerdo con la postura oficial, estos señalamientos reflejan la situación actual del país, la cual —sostiene— es distinta a la registrada en periodos anteriores.
Cuestionan argumentación del organismo
La administración federal criticó además lo que calificó como falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité de Desapariciones Forzadas, así como la ligereza de algunas de sus premisas, incluida su interpretación sobre la relación con el Estatuto de Roma.
En el mismo sentido, señaló posibles conflictos de interés entre integrantes del comité, al asegurar que existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó previamente para organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
Gobierno asegura que no tolera desapariciones forzadas
El gobierno reiteró que el Estado mexicano no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Añadió que en la actual administración se han impulsado reformas legislativas e institucionales para enfrentar este fenómeno, en coordinación con colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Como parte de este proceso, recordó que en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la legislación en la materia, resultado de un diálogo con familiares de víctimas y organizaciones.
Medidas implementadas que, según México, no fueron consideradas
Entre las herramientas y obligaciones institucionales que, según el gobierno, no fueron debidamente consideradas por el CED, se encuentran:
La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La obligación de abrir una carpeta de investigación desde el primer reporte.
La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
La Plataforma Única de Identidad.
La obligatoriedad de fiscalías especializadas en los estados.
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo técnico.
La obligación de contar con registros oficiales con datos mínimos de identificación.
La coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
México mantiene cooperación internacional
El gobierno subrayó además que, como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación constante con los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.
Finalmente, reiteró que el país está abierto a la cooperación técnica internacional, aunque aclaró que esta debe partir de diagnósticos que reflejen la situación actual.
El comunicado concluye reafirmando el compromiso del gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e identificación, así como con garantizar verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central del proceso de transformación nacional.
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