Agradezco a Federico Arreola por el espacio semanal que generosamente abre para reflexionar sobre los grandes temas que impactan la vida pública del país. Este diálogo con las y los lectores es fundamental para acercar las decisiones legislativas a la ciudadanía y explicar, con claridad y responsabilidad, por qué ciertas reformas no solo son necesarias, sino urgentes.
Hoy México enfrenta un cambio profundo en su dinámica de movilidad. Las plataformas digitales de transporte transformaron la forma en que millones de personas se desplazan diariamente, generando nuevas oportunidades económicas y ampliando las opciones para los usuarios. Sin embargo, este crecimiento también evidenció vacíos normativos que, de no atenderse, pueden traducirse en desigualdad, incertidumbre jurídica y riesgos para quienes utilizan o prestan este servicio.
La propuesta de Transporte Justo y Transparente surge precisamente para responder a esta realidad. Su objetivo es establecer reglas claras y homogéneas para el transporte contratado mediante aplicaciones digitales, garantizando que opere bajo condiciones de seguridad, transparencia y competencia equitativa frente al taxi concesionado. No se trata de frenar la innovación ni de privilegiar a un modelo sobre otro, sino de construir un piso parejo que beneficie a toda la sociedad.
Uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento legal de este servicio como una modalidad distinta, pero plenamente regulada. Esto implica contar con mecanismos verificables de identidad del conductor, trazabilidad digital del viaje, seguros obligatorios y estándares mínimos nacionales que fortalezcan la confianza ciudadana. Cuando las reglas son claras, se reduce la discrecionalidad y se eleva la calidad del servicio, generando certidumbre tanto para el usuario como para el operador.
Asimismo, la iniciativa pone énfasis en la defensa del consumidor. Informar de manera previa y transparente las tarifas, los cargos adicionales o las políticas de cancelación no es solo una buena práctica: es un derecho. La tecnología permite hoy ofrecer información en tiempo real y aprovechar esa ventaja para proteger a las personas debe ser una prioridad del Estado.
No menos importante es el reconocimiento de derechos laborales mínimos cuando exista dependencia económica y continuidad en la prestación del servicio. Dignificar el trabajo de quienes conducen no solo fortalece el tejido social, sino que contribuye a profesionalizar el sector y a generar condiciones más justas de desarrollo económico.
También resulta indispensable ordenar la operación en zonas federales estratégicas como aeropuertos o carreteras, evitando exclusividades injustificadas y promoviendo la libre competencia bajo criterios técnicos. La movilidad eficiente es una pieza clave para la competitividad del país y para la experiencia cotidiana de millones de personas que requieren trasladarse de manera segura y confiable.
Regular con inteligencia es reconocer que el progreso tecnológico debe ir acompañado de responsabilidad social. Las leyes no pueden quedarse atrás frente a los cambios del presente. Deben evolucionar para proteger, incluir y generar oportunidades. Esa es la esencia de una agenda legislativa moderna: escuchar a la ciudadanía, entender las nuevas realidades y actuar con visión de futuro.
Porque cuando la movilidad se construye con justicia, transparencia y sensibilidad humana, avanzamos como país.
Ese es el camino que seguimos impulsando desde el Partido Verde: transformar también la forma en que nos movemos… La 4T a la queretana.
Ricardo Astudillo, diputado federal por el Partido Verde
About the Author
