Más allá de la modernización de unidades, el gobierno de Alejandro Armenta Mier ha centrado su estrategia de transporte en un objetivo clave: reconstruir la confianza ciudadana mediante certeza jurídica y facilidades administrativas para concesionarios.
Tras más de una década sin un programa integral de renovación, el mandatario estatal aseguró que el nuevo Programa de Modernización y Regularización del Transporte Público logró que más del 90 por ciento de permisionarios y concesionarios se pusieran en regla, lo que —subrayó— impacta directamente en la seguridad de los usuarios.
El enfoque del gobierno poblano no sólo ha sido técnico, sino también financiero. Como parte de esta política, la administración estatal decidió condonar diversos trámites, lo que implicó dejar de recaudar cerca de 100 millones de pesos. Sin embargo, Armenta defendió la medida al considerar que garantizar la legalidad del servicio es prioritario frente a los ingresos inmediatos.
“El transporte es un derecho humano que también significa seguridad para la población”, sostuvo el gobernador.
Incentivos para renovar y regularizar
Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, , detalló que uno de los cambios más relevantes fue la modificación a la Ley del Transporte, con la cual se amplió la vida útil de los taxis de siete a diez años.
Esta medida benefició a más de 6 mil concesionarios, quienes ahora cuentan con mayor margen para mantener en operación sus unidades sin enfrentar presiones económicas inmediatas.
Además, se implementó el llamado “costo cero” en trámites clave como:
Cambio de vehículo
Cesión de derechos
Cesión con cambio de unidad
Estos procedimientos anteriormente representaban un gasto cercano a los 34 mil pesos, lo que en muchos casos frenaba la regularización.
Renovación visible en las calles
Como resultado del programa, 3 mil 322 unidades nuevas —modelos 2024 a 2026— ya circulan en la entidad, marcando un avance tangible en la modernización del parque vehicular.
Esta renovación no sólo mejora la imagen del servicio, sino que también fortalece condiciones de seguridad, confort y eficiencia para los usuarios, uno de los principales reclamos históricos en el estado.
Un cambio de modelo
El programa impulsado por el gobierno de Puebla refleja un viraje en la política pública: pasar de esquemas recaudatorios a un modelo que prioriza la regularización, la modernización gradual y la seguridad del usuario.
Con incentivos económicos y ajustes legales, la administración estatal busca sentar las bases de un sistema de transporte más ordenado, donde la confianza ciudadana y la certeza jurídica se conviertan en los principales motores de cambio.
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