HOY SE ANUNCIÓ que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutarán la obra de construcción del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, posiblemente para el año entrante.
El anuncio lo hizo Alejandro Lazzarotto, presidente de Canaco Chihuahua, luego de reuniones sostenidas en el centro del país, lo que viene a cuestionarse una posible degradación de las funciones militares, quienes deberían enfocar su trabajo en defensa de la soberanía del país.
Decisiones como ésta, ya fueron cuestionadas por el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) durante 2023, luego que el expresidente Andrés Manuel López Obrador incumpliera su promesa de sacar al ejército de las calles. No solo no los sacó, les otorgó obras, custodia de las ciudades y otras tareas no vistas en ese momento.
En el informe publicado en https://imco.org.mx/la-participacion-de-la-secretaria-de-la-defensa-nacional-en-obras-publicas-alcanza-un-nivel-sin-precedentes/ señala la opacidad , la falta de transparencia, irregularidades en la gestión de recursos, reserva de información por cuestiones de seguridad y la opacidad en la subcontratación realizada para cumplir con el encargo de obra pública.
¿Qué nos espera a los chihuahuenses cuando el ejército llegue y haga la obra de gran calado esperada por varios años por la población?
El clima político local vuelve a tensarse tras la denuncia presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por un periodista independiente que asegura ser víctima de una escalada de hostigamiento digital, amenazas directas y presuntas represalias institucionales. De acuerdo con su testimonio, luego de publicar contenidos críticos relacionados con el órgano interno de control del municipio, comenzó una campaña coordinada en su contra: reportes masivos a sus cuentas, mensajes intimidatorios y señalamientos que, afirma, buscan desacreditar su labor informativa. Sin embargo, lo que encendió las alarmas fue un episodio ocurrido de madrugada, cuando sujetos acudieron a su domicilio para exigirle que “le bajara”, situación que considera una línea que no se había cruzado antes.
El comunicador sostiene que, tras difundir información que habría detonado denuncias ciudadanas sobre presuntos casos de acoso y agresiones dentro de la administración municipal, la presión aumentó de forma significativa. Relata que comenzó a recibir fotografías tomadas fuera de su casa y durante actividades cotidianas, imágenes que posteriormente eran eliminadas, así como llamadas intimidatorias. Ante ello, decidió formalizar su queja y hacer responsable públicamente al alcalde y al cabildo de cualquier daño que pudiera sufrir. Más allá del tono confrontativo, el episodio coloca sobre la mesa un debate de fondo: los límites del poder frente al periodismo independiente y el derecho a la libertad de expresión en un entorno donde la crítica política continúa generando fuertes reacciones.
En Chihuahua no matan las balas: mata la indiferencia institucional. El plomo solo firma el acta de defunción que la autoridad lleva meses redactando con tinta invisible.
Un joven de 27 años, Adán G. R., fue ejecutado a plena luz del día afuera de un taller mecánico irregular en la colonia Campo Bello. Seis balazos de 9 mm bastaron para convertir un sábado cualquiera en otra escena de crimen que, como siempre, “nadie vio venir”. Nadie… excepto Víctor Quintana Silveryra, quien llevaba meses denunciando ese mismo taller clandestino que operaba en zona residencial, sin permisos, sin uso de suelo, sin supervisión y, por lo visto, sin ley.
Las autoridades municipales hicieron lo que mejor saben hacer: nada. Ni clausura, ni inspección, ni prevención. Eso sí, seguro hubo tiempo para fotos, discursos huecos y sonrisas de campaña. Porque en Chihuahua la política es un espectáculo itinerante: se pasea por colonias, promete seguridad y deja muertos como utilería.
El asesinato ocurrió en el cruce de Campo del Norte y Villas del Sirio. Un sicario llegó, vio a un trabajador concentrado en un automóvil y lo acribilló como si fuera parte del paisaje urbano. Y lo era: en esta ciudad, la violencia ya forma parte del mobiliario. Se barre la sangre, se coloca un moño negro en redes sociales y se sigue con la agenda.
La denuncia de Quintana no es solo un “se los dije”. Es un acta de acusación moral contra un gobierno municipal que prefiere no ver lo que le estorba electoralmente. Talleres clandestinos, negocios irregulares, puntos grises donde la ley no entra porque nadie la empuja. Esos espacios se convierten en tierra fértil para el crimen, y luego las autoridades se sorprenden cuando la cosecha es un cadáver.
Lo verdaderamente grotesco no es que existan talleres ilegales; eso ocurre en cualquier ciudad. Lo grotesco es que se denuncien, se documenten, se señalen con nombre y apellido, y aun así la autoridad actúe como si fuera ciega, sorda y muda. Omisión no es incompetencia: es complicidad pasiva.
Mientras el alcalde anda en modo campaña —como bien apunta Quintana—, la ciudad se administra en piloto automático. Y el piloto automático, en Chihuahua, lleva directo al panteón. No hay estrategia de prevención, no hay control urbano real, no hay supervisión de giros negros o grises. Hay simulación. Y la simulación mata.
Este joven no murió por estar “en el lugar equivocado”. Murió en el lugar correcto para un Estado ausente. Murió en un taller que no debía existir. Murió en una ciudad donde las denuncias se archivan hasta que el plomo las reactiva. Murió porque alguien decidió que clausurar un negocio ilegal no da votos, pero inaugurar una obra con lona sí.
Después vendrá el guion de siempre: “investigaremos”, “no quedará impune”, “reforzaremos la seguridad”. Frases recicladas para funerales reciclados. Y cuando el polvo se asiente, el taller —si es que lo clausuran— será solo otro recordatorio de que en Chihuahua primero corre la sangre y luego corre el trámite.
Aquí no falló la policía ese día. Falló el gobierno meses antes. Y esa falla también jaló del gatillo.
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