Se supone que la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común trae toda la agenda social del Gobierno del Estado. Atiende colonias, programas, grupos vulnerables, de todo un poco. Por eso llamó la atención lo ocurrido este martes a media mañana sobre la avenida Aldama: ocho personas, todas con su chaleco institucional impecable, concentradas en una sola misión de alto impacto social: pintar un cajón azul.
Ocho funcionarios para un brochazo. Ni en película de Cantinflas. Sin demeritar el trabajo de nadie, porque toda chamba es digna, la escena deja la duda en el aire: ¿así se mide la eficiencia del Desarrollo Humano y Bien Común? Porque si para unas rayitas se necesita un escuadrón, ¿cuántos se ocupan para resolver lo demás? El cajón quedó de lujo, eso sí
El llamado “Mercadito Más Barato” no solo es una estrategia social, sino un ejemplo claro de cómo las buenas ideas en política pública pueden replicarse cuando funcionan. Esta fórmula, impulsada originalmente en el municipio de Camargo bajo la administración del alcalde Jorge Aldana, ha demostrado su efectividad al acercar productos básicos a precios accesibles, al grado de que el municipio de Chihuahua decidió adoptar el modelo ante su evidente éxito. Fue el pasado sábado 28 de marzo cuando se puso en marcha este esquema con la oferta de la canasta “Mi Bolsita” por apenas 100 pesos, incluyendo productos esenciales como papa, aguacate, naranja, manzana, tomate, cebolla, zanahoria, limón y chile jalapeño, además de huevo y frijol a bajo costo. De acuerdo con José Jordán, se trata de “precios buenísimos”, pensados en aliviar el golpe que la inflación ha provocado en los hogares, donde tan solo la canasta alimentaria ha superado el 8.1% anual, con aumentos alarmantes como el del tomate, que en semanas consecutivas registró incrementos de hasta 32% y 40%.
Más allá del discurso, el programa mostró resultados concretos desde su arranque en el parque de Los Frailes, beneficiando principalmente a familias de colonias aledañas, con productos de calidad respaldados por la Central de Abastos. Esta sinergia entre gobierno y comerciantes, reconocida incluso por la participación de figuras como Tere Castillo, refleja una visión práctica de apoyo comunitario, donde incluso emprendedores locales encontraron espacio para ofrecer sus productos. La intención es clara: llevar este esquema a más parques de la ciudad, como el Miguelitos en la colonia Campesina, con una periodicidad de cada mes o mes y medio. Así, lo que comenzó como una propuesta de campaña en Camargo hoy se consolida como una política replicable, donde la prioridad no es la ganancia, sino brindar un respiro real al bolsillo de las familias frente al encarecimiento de los alimentos.
En la Secundaria Federal 3013 algo no cuadra, y no es precisamente el uniforme.
Padres de familia han comenzado a alzar la voz en medio de un ciclo escolar que, más allá de los gastos habituales, se ha convertido en una carga económica adicional difícil de justificar. La inconformidad no es menor: denuncian que la institución ha establecido un mecanismo de venta de uniformes que obliga a las familias a pagar directamente a la escuela, sin posibilidad de adquirir las prendas en otros establecimientos, incluso cuando existen opciones más económicas en el mercado local.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo una escuela pública decide dónde, cómo y a qué precio deben vestirse sus alumnos?
De acuerdo con testimonios de madres y padres, el proceso raya en lo absurdo. No basta con acudir a una tienda y comprar el uniforme; el dinero debe pasar primero por la escuela, que funge como intermediaria obligatoria. Este esquema, lejos de transparentar el uso de recursos, despierta sospechas: no hay claridad sobre el destino de ese dinero, ni evidencia de que se traduzca en mejoras para el plantel.
Y aquí es donde el problema deja de ser administrativo para convertirse en algo más delicado. Si la escuela no reporta estos ingresos como recursos destinados al beneficio de la comunidad escolar, entonces surge una duda legítima: ¿quién se queda con ese dinero?
El caso no es aislado ni nuevo. La inacción de instancias como Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Educación y Deporte resulta, por decir lo menos, preocupante. Padres aseguran que no es la primera vez que enfrentan este tipo de prácticas, y sin embargo, las autoridades educativas parecen mirar hacia otro lado.
Lo más grave es el mensaje que se envía. Cuando una escuela pública actúa como si fuera una institución privada —imponiendo proveedores, encareciendo productos y limitando opciones— no solo se vulnera la economía familiar, también se rompe el principio de equidad en la educación. Porque no todos los hogares pueden absorber estos costos inflados sin resentirlo en su día a día.
En una ciudad como Chihuahua, donde muchas familias hacen malabares para cubrir colegiaturas inexistentes pero gastos reales, este tipo de decisiones pesan. Y pesan mucho.
Aquí no se trata de un uniforme, sino de un modelo que parece normalizar prácticas opacas bajo el argumento de la organización escolar. Pero la educación pública no es un negocio, ni debería parecerlo.
Si las autoridades no intervienen, el silencio también se vuelve cómplice. Porque cuando nadie explica, nadie regula y nadie sanciona, la sospecha deja de ser sospecha y empieza a tomar forma de realidad.
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