Las peticiones de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán no se tardaron como, por ejemplo (y cito estos casos porque soy oriundo de Guerrero), en 1995 el gobernador Figueroa Alcocer solicitó licencia, luego de la masacre de Aguas Blancas, aunque tardó meses en hacerlo. Un caso similar fue el de Ángel Aguirre, en 2014, tras la desaparición brutal de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa que, lo mismo, tardó semanas en hacerlo, no obstante la petición presidencial al respecto.
Pero el senador Enrique Inzunza, de Sinaloa también, igualmente incluido en la lista de los 10 mexicanos “ilustres” anunciada por la corte federal de Nueva York, tuvo a bien caer en pánico, lo cual, no hace sino legitimar al gobierno de los Estados Unidos Unidos, a la voz de “a confesión de parte, relevo de prueba”, teniendo a bien el desaparecer (según se mira) de la faz de la tierra.
La decisión de Inzunza es más que pésima, porque además de dar razón al fiscal de esa corte de NY, va contra su mismísima integridad física. Así cómo cuando en 1994 el entonces diputado Manuel Muñoz Rocha se tiró a perder, luego del caso del crimen contra José Francisco Ruiz Massieu, y del que jamás se volvió a saber algo de él, probablemente ejecutado por sus mismos cómplices por toda la información que tenía.
Así que, no dudemos que el referido Inzunza no aparezca más, dañando ya no digamos su integridad física, sino al actual gobierno federal y también al anterior, porque el que nada debe nada teme, justo lo opuesto al ataque de pánico que ataca al multicitado senador morenista por Sinaloa.
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