Con motivo del escándalo alrededor del gobernador Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario García Harfuch y los voceros del obradorismo han optado por presentar supuestos argumentos jurídicos con el propósito de evitar cumplir con las disposiciones del tratado de extradición suscrito con Estados Unidos que les obligaría a procesar al inculpado y a eventualmente extraditarlo.
Han recurrido consistentemente al discurso de las “pruebas”, en un torpe intento de hacer parecer las acusaciones del distrito sur de Nueva York como un documento vacío de contenido que pueda ni siquiera sugerir la culpabilidad de Rocha. Lo que no dicen a la opinión pública es que el momento procesal correcto para la presentación de los indicios tendría lugar, a la luz del tratado, en un periodo posterior a que haya sido enviado el sujeto hacia el país que lo ha requerido.
La sospecha más presente entre los analistas y medios de comunicación es la idea de que personajes de Morena se hubiesen beneficiado del dinero aportado a sus campañas por parte del gobernador Rocha, quien fue, de acuerdo a testimonios públicos, a la demanda presentada ante la OEA y al propio Departamento de Justicia, beneficiado por la intervención del Cártel de Sinaloa en 2021.
Rocha, una vez instalado en el gobierno de su estado, habría utilizado recursos, de la entidad o del propio crimen organizado, para el financiamiento de candidatos en la elección de 2024; desde gobiernos locales, diputaciones o hasta las más altas esferas de las administraciones estatales y federal.
De allí derivaría –se estima- la defensa cuasi institucional llevada a cabo por Morena para evitar, a toda costa, que el caso de Rocha avance y así incrementen las probabilidades reales de que sea efectivamente extraditado a Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum se ha colgado del gran distractor de la semana pasada, a saber, la presencia de Isabel Diaz–Ayuso en México y el trasnochado debate sobre Hernán Cortés, para restar importancia al hecho mismo de que el gobierno federal del principal socio comercial de México ha acusado a destacados miembros del morenismo de tener vínculos con el crimen organizado.
¿Será que algunos temen que el caso de Rocha destape la red de corrupción y lazos con el Cártel de Sinaloa de personajes del partido oficial? ¿O se tratará, como dicen ellos, de argumentos técnicos para hacer valer la soberanía nacional? ¿Quién se habrá beneficiado en 2024 de los apoyos financieros y “logísticos” aportados por el Cártel de Sinaloa a la campaña de Rubén Rocha?
About the Author
