LA POLÍTICA ES DE BRONCE
Desde el fondo del Salón Tesorería se escuchó la pregunta, más o menos así: “¿Qué haría el gobierno si las autoridades estadounidenses vinieran por Rubén Rocha Moya?” La presidenta Claudia Sheinbaum respiró y dijo: “Eso no va a pasar, no debe pasar”, y a la siguiente pregunta.
El cuestionamiento fue incómodo. Hace apenas dos semanas parecería fuera de toda proporción, pero hoy es un escenario que debe plantearse con seriedad en las reuniones de seguridad nacional e inteligencia del Estado mexicano.
Antecedentes hay. El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por violentar diversas normas del derecho internacional y de la diplomacia. Fue por Nicolás Maduro e inició una guerra que se le salió de control en Irán. En el ocaso del gobierno de Joe Biden, la inteligencia estadounidense coordinó y, tal vez, ejecutó la operación para capturar y trasladar al Mayo Zambada.
¿Por qué Estados Unidos recurriría a una acción de esta naturaleza con su principal aliado comercial? ¿Quién haría el operativo y cómo sería? Son algunas de las preguntas que la inteligencia mexicana debería estarse planteando en estos momentos.
A estas alturas, es obvio que la petición de aprehensión con fines de extradición de Rocha Moya era una solicitud directa al gobierno mexicano para que actuara en contra de los 10 indiciados por la justicia estadounidense. Como establece la ley y los tratados suscritos por México, la Secretaría de Relaciones Exteriores la turnó a la Fiscalía General de la República.
La Fiscalía dijo que no consideraba que los elementos enviados fueran suficientes para conceder la aprehensión con fines de extradición y pidió más pruebas al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, dijo que iniciará su propia investigación al respecto.
Si la Fiscalía General de la República resuelve que no hay elementos suficientes para otorgar la aprehensión con fines de extradición o bien que, en su propia investigación, no encuentra presuntos responsables de algún delito, para México el caso estaría cerrado.
Para Estados Unidos, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y los otros ocho políticos y servidores públicos sinaloenses serían prófugos de la justicia estadounidense. En el mejor de los escenarios para los inculpados, ahí quedaría el asunto y a otra cosa mariposa.
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos podría insistir en su petición, o bien aumentar la presión diplomática, política y comercial, o incluso poner en marcha algún operativo para capturarlos y presentarlos ante la justicia estadounidense.
Probablemente, primero Estados Unidos ofrecería una recompensa por ellos, lo que los pondría en la mira de contratistas de seguridad o de cazarrecompensas. O bien, pondría en marcha una operación para incursionar, capturarlos y trasladarlos a suelo estadounidense, con una clara violación a nuestra soberanía.
En este escenario extremo, que no debe ocurrir, que resulta indeseable, pero que ya no puede descartarse, ¿qué haría el gobierno mexicano? ¿Rompería relaciones comerciales? ¿Cerraríamos nuestra frontera? ¿Retiraríamos a nuestro personal diplomático de la embajada y de los 53 consulados? ¿Acudiríamos a la ONU y a la Corte Penal Internacional?
Obviamente, en público no puede aceptarse ninguna de estas posibilidades, pero los organismos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano deben tener claro que uno de los escenarios, para evitar que sean capturados y trasladados a Estados Unidos, sería que las autoridades mexicanas los retuvieran y dar tiempo al tiempo.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.
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