La ocupación comercial, el lado oculto de la expansión israelí para eliminar la identidad palestina de Jerusalén Este
“No solo duele en el bolsillo, también es una cuestión moral”, denuncian los palestinos de la parte oriental de la ciudad, que este jueves cumple 59 años bajo ocupación
Una casa al otro lado del muro: Omar Hajajleh, el palestino que venció a la ocupación de Israel
En los estrechos callejones de Jerusalén Este, donde los aromas de especias, pan recién horneado y quesos locales solían mezclarse con el bullicio cotidiano, empieza a abrirse un hueco difícil de llenar. No es solo la ausencia de productos palestinos en las estanterías: hay un cambio silencioso que atraviesa toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor.
Desde hace semanas, los productos palestinos encuentran cada vez más obstáculos para llegar a los comercios. Según la Federación Palestina de Industrias Alimentarias y Agricultura, las autoridades israelíes han endurecido las restricciones a la entrada de alimentos, especialmente lácteos y carne procesada. La organización sostiene que no se trata únicamente de controles sanitarios o administrativos, sino de una medida que puede reconfigurar el mercado local en favor de productos israelíes y de los asentamientos de colonos.
Este jueves se ha celebrado la conocida marcha de las banderas, en la que ultranacionalistas israelíes desfilan por la ciudad para celebrar el 59 aniversario de la ocupación de la ciudad.
En el barrio de Shuafat, al noreste de la ciudad, Ahmad —cuyo nombre, como el de los otros comerciantes de esta crónica, ha sido modificado para proteger su identidad ante posibles represalias—, propietario de una pequeña tienda de comestibles, observa con frustración sus neveras. “Antes tenía yogur de Hebrón, queso de Nablus, leche fresca de Ramala, pero ahora, mire esto”, dice señalando los pocos yogures que aún le quedan. “Nos queda poco stock. Cuando se acabe, no sé cómo vamos a reponerlo”.
Imagen de productos israelíes en un comercio de comestibles de Jerusalén Este.
Ahmad no está solo. A pocos metros, otro comerciante, Abu, apunta a una dimensión menos visible del problema: “No es solo el precio. Es identidad. La gente quiere consumir lo suyo. Esto rompe ese vínculo”.
La federación palestina insiste en que Jerusalén Este forma parte integral del mercado palestino junto con Cisjordania y Gaza y que cualquier interrupción en ese flujo tiene un impacto directo en toda la economía. A su juicio, estas medidas vulneran el Protocolo Económico de París de 1994, que regula las relaciones comerciales entre Israel y la Autoridad Palestina en el marco de los Acuerdos de Oslo.
Las críticas han sido respaldadas por el ministro palestino de Industria, Arafat Asfour, quien en declaraciones a la radio Voice of Palestine acusó a Israel de bloquear la entrada de productos básicos por razones políticas. Según Asfour, se está “manipulando el aspecto económico” para asfixiar a las empresas palestinas. También advirtió de posibles represalias comerciales, incluida la prohibición de productos israelíes en el mercado palestino. Por ahora, no ha habido respuesta oficial israelí.
En la zona comercial de Ras al-Amud, cerca del Monte de los Olivos, Salwa lleva más de veinte años vendiendo productos palestinos. “Nuestros clientes confiaban en estos productos. No tanto por el precio, sino por la calidad y porque forman parte de nuestra vida diaria”, explica. “Esto rompe la conexión con los productores de Cisjordania”.
No es solo el precio. Es identidad. La gente quiere consumir lo suyo. Esto rompe ese vínculo
Desde la federación subrayan además que los productos palestinos cumplen estándares internacionales, están sometidos a controles sanitarios y han sido exportados durante años sin incidentes, lo que cuestiona los argumentos técnicos que podrían justificar restricciones.
Aunque las denuncias han cobrado fuerza en las últimas semanas, no es la primera vez que surge una controversia de este tipo. Según informó Al Jazeera, en 2016 Israel ya prohibió la entrada de estos productos a cinco empresas palestinas con el argumento de que no cumplían los estándares requeridos. Las autoridades palestinas rechazaron entonces esa explicación. El ex primer ministro Rami Hamdallah denunció que se trataba de un intento de aislar económicamente Jerusalén Este y de diluir su identidad palestina. Como respuesta, la Autoridad Palestina impuso restricciones a productos de cinco empresas israelíes.
Las pérdidas económicas estimadas para ambos lados rondaban los 280 millones de euros, según el Ministerio de Economía palestino. El comercio total entre Israel y la Autoridad Palestina se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros al año.
Agentes de la policía israelí impiden el paso a colonos israelíes de extrema derecha durante su marcha por la Ciudad Vieja de Jerusalén en 2025
El precedente se remonta incluso a 2010, cuando medidas israelíes similares fueron frenadas por la presión internacional. Organizaciones israelíes como Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, denunciaron entonces que las restricciones eran arbitrarias, al afectar de forma generalizada a los productos procedentes de Cisjordania sin requerir evaluaciones individuales ni justificaciones técnicas detalladas.
“Hay que entender que la economía palestina está profundamente conectada a la israelí y que la economía palestina de Jerusalén Este no controla plenamente sus propias decisiones”, explica a elDiario.es Yazan Risheq, investigador en Economía Política Internacional de la Arab American University en Cisjordania. “Israel puede afectar directamente a la economía palestina controlando importaciones, exportaciones y empleo. Las restricciones a los productos no son solo comercio: pueden profundizar la dependencia económica palestina respecto a Israel y limitar cualquier posibilidad de desarrollo independiente, matando el sueño de un Estado palestino”.
Jerusalén Este, una ciudad ocupada
Las restricciones a los alimentos palestinos se producen en un contexto mucho más amplio. Jerusalén Este, de mayoría palestina y considerada territorio ocupado por el derecho internacional, fue tomada y anexada por Israel tras la guerra de 1967. Esa anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional, pero Israel considera la ciudad su capital eterna, una definición repetida durante décadas por distintos dirigentes israelíes. De hecho, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha insistido en diferentes ocasiones en que “Jerusalén nunca volverá a ser dividida” y que “Jerusalén fue y solo será la capital del pueblo judío”.
Sobre el terreno, esa visión política se traduce en una creciente expansión de asentamientos israelíes, considerados ilegales por la Corte Internacional de Justicia, y en una presión constante sobre los barrios palestinos de Jerusalén Este. Organizaciones internacionales, expertos y grupos israelíes de derechos humanos denuncian desde hace años un proceso de “judaización” de la ciudad mediante demoliciones, restricciones urbanísticas, revocación de permisos de residencia y expulsiones de familias palestinas.
Según el último boletín mensual de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, solo en abril las autoridades israelíes demolieron o forzaron la demolición de al menos 11 viviendas y otras estructuras en la zona de Al Bustan, en Silwan, un barrio palestino al sur de la Ciudad Vieja, desplazando al menos a 36 personas para ampliar el proyecto arqueológico y turístico israelí conocido como ‘King’s Garden’. En Batn al Hawa, también en Silwan, siete familias palestinas recibieron órdenes definitivas de expulsión con 21 días para abandonar sus casas y entregarlas a colonos israelíes. En los últimos meses, Silwan ha estado en el foco mediático por estas demoliciones, que se habían ralentizado durante los combates activos contra Irán, pero que ahora se han retomado.
Hay que entender que la economía palestina está profundamente conectada a la israelí y que la economía palestina de Jerusalén Este no controla plenamente sus propias decisiones. Israel puede afectar directamente a la economía palestina controlando importaciones, exportaciones y empleo. Las restricciones a los productos no son solo comercio: pueden profundizar la dependencia económica palestina respecto a Israel y limitar cualquier posibilidad de desarrollo independiente
La ONU sitúa estos casos dentro de un patrón más amplio de desplazamiento forzoso tanto en Jerusalén Este como en Cisjordania: cerca de 2.000 palestinos han sido desplazados desde comienzos de 2026 debido a la violencia de colonos y a medidas israelíes. En paralelo, la organización también alerta de un incremento de las restricciones y ataques en lugares religiosos musulmanes y cristianos de Jerusalén Este.
El problema de las restricciones sobre los productos palestinos, sin embargo, no empieza en las tiendas, sino mucho antes: en la carretera. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) existen actualmente 925 obstáculos al movimiento en Cisjordania, entre puestos de control permanentes, controles intermitentes y barreras físicas. Estas restricciones afectan a unos 3,4 millones de palestinos y dificultan directamente el acceso a mercados clave como Jerusalén.
En la práctica, esto implica que un camión cargado de leche desde Ramala o carne desde Hebrón puede enfrentarse a múltiples controles, esperas imprevisibles o incluso denegaciones de paso. Empresas palestinas como Hamouda, uno de los principales distribuidores de lácteos en Jerusalén Este, han denunciado en diferentes ocasiones bloqueos puntuales en la entrada de sus productos a esta parte de la ciudad Santa.
Naciones Unidas advierte de que este entramado no es puntual, sino estructural. OCHA señala que estas limitaciones forman parte de un sistema cada vez más arraigado de políticas restrictivas que fragmenta la economía y afecta al acceso a recursos, mercados y medios de vida, una tendencia que se ha intensificado en los últimos años.
En este contexto, la barrera de separación entre Jerusalén Este y Cisjordania, de más de 700 kilómetros, y su red de controles constituyen el mayor obstáculo al movimiento. Según esta agencia, solo tres de los trece pasos principales permiten el acceso a Jerusalén para palestinos con documentación de Cisjordania y permisos israelíes, que son complejos de conseguir.
Los retrasos, cierres o denegaciones de paso, subraya la ONU, “impiden gravemente el acceso a servicios y recursos, alteran la vida familiar y social, debilitan los medios de vida y contribuyen a la fragmentación de Cisjordania con impactos acumulativos en los derechos económicos de los palestinos”. En términos generales, la oficina concluye que el sistema de permisos vigente desde los años noventa y la construcción de la barrera en los 2000 han aislado progresivamente Jerusalén Este del resto del territorio, transformando así su economía.
“Tal y como recogen informes de Naciones Unidas desde 2013, Jerusalén Este se está aislando progresivamente del resto de la economía palestina y su peso económico ha disminuido significativamente debido a las restricciones de movimiento, la barrera de separación y los límites al desarrollo”, añade Risheq. “Si observamos las políticas israelíes contra la economía palestina, como la confiscación de tierras, las demoliciones de viviendas y las restricciones de movimiento, vemos el enorme impacto que tienen no solo en Jerusalén, sino en toda Cisjordania”.
Todo ello se produce en un contexto económico palestino ya crítico, marcado por la ofensiva sobre Gaza y un contexto donde Israel tiene constantes hostilidades con sus vecinos de la región. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la economía palestina se contrajo un 30% en 2024 respecto a 2022, la mayor caída desde que existen registros en 1972.
En Jerusalén, la última guerra con Irán ha añadido una presión adicional a otro sector, aparte del alimentario: el turismo, que representaba cerca del 80% de los ingresos de muchos comercios. Su caída ha dejado tiendas vacías. “La pandemia no es nada comparado con esto”, resume Hassan, otro comerciante de la ciudad. “Antes venían turistas cada día. Ahora, si vendemos algo el viernes o el sábado, tenemos suerte”. Las cifras lo reflejan: de 4,4 millones de visitantes en 2019 se pasó a apenas 330.000 en 2024.
A ello se suman los cierres puntuales en la Ciudad Vieja, el corazón histórico de Jerusalén, durante episodios de tensión, como en el mes de marzo, cuando se produjeron los combates más intensos contra Irán. Durante semanas, solo podían acceder los residentes de esta parte de la ciudad y muchas tiendas echaron el cierre, deteriorando aún más la economía palestina. Estos incidentes han sido denunciados por organizaciones israelíes como la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y la ONG Ir Amim que constataron que estas limitaciones no tenían base legal.
Por su lado, la Cámara de Comercio e Industria de Jerusalén lo describió así: “Cuando comenzó la guerra con Irán, el mercado se convirtió prácticamente en una zona militar”. Todo ello ocurrió durante el mes de Ramadán, el periodo más importante del año para muchos comerciantes, que esperaban recuperar parte de las pérdidas acumuladas. No fue así. Hoy, la Ciudad Vieja recupera poco a poco algo de actividad, pero lejos de los niveles previos de hace unos años y marcada, ahora, por la restricción a los productos palestinos.
Al mismo tiempo que la economía palestina se asfixia entre restricciones, permisos y bloqueos, el comercio vinculado a los asentamientos de colonos mantiene su actividad. Una asimetría que empieza a generar reacción fuera de la región: al menos una docena de Estados miembros de la Unión Europea estudian medidas para limitar o directamente prohibir estas relaciones comerciales.
En este sentido, España ha tomado la delantera. En septiembre del año pasado se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar un real decreto que prohíbe el comercio vinculado a estos asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional. Desde diciembre, un listado publicado por el Ministerio de Hacienda incluye más de 200 asentamientos y más de un millar de códigos postales cuyos productos no pueden ser importados a España. Otros gobiernos, como el de Suecia, plantea otras medidas como aumentar los aranceles a estos productos y exigir certificados de origen claros para su entrada en el mercado europeo.
Mientras tanto, en los mercados de Jerusalén Este, la incertidumbre y el malestar persisten. “Antes compraba leche local porque sabía de dónde venía”, comenta Fad, padre de familia. “¿Por qué tengo que comprar marcas que no conozco o que son más caras? No solo duele en el bolsillo, también es una cuestión moral”. Los comerciantes esperan una resolución, los consumidores se adaptan como pueden y los productores, al otro lado del muro, ven cómo uno de sus principales mercados sigue diluyéndose poco a poco.
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