La soberanía se defenderá con lo que se pueda y hasta donde se pueda. La tesis juarista vino a mi memoria esta mañana al leer a varios columnistas mexicanos festinando que EEUU y su llamado Escudo de las Américas insistan en una estrategia de guerra contra México. Suponen —y quizá no sin razones— que a eso se refería Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, cuando declaró: “Vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición anticárteles”. La frase fue celebrada con entusiasmo por algunos comunicadores; por ejemplo, mi amigo Ciro Gómez Leyva calificó de “tronante” la declaración; tronante, esto es, rotunda, concluyente. Vaya orgasmo periodístico el de don Ciro.
Mientras cierta prensa aplaude las intenciones bélicas de Washington, el gobierno mexicano trabaja en otro frente: la protección de los océanos y ecosistemas costeros, fundamentales para el equilibrio ambiental del planeta. Un asunto de tal magnitud, el más importante para el futuro de la humanidad, parece importar poco a la comentocracia fascinada con la posibilidad de una intervención extranjera.
La realidad de los últimos días demuestra que la presión social y la opinión de especialistas sin más interés que la protección de la naturaleza, sí han modificado de manera drástica el rumbo de dos proyectos que amenazaban ecosistemas clave de los dos mares más bellos de México: el Caribe y el Golfo de California. Ante ello, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó y optó por revisiones profundas en su política ambiental.
Dos victorias para los litorales
Baja California Sur. El panorama cambió por completo. Tras las intensas protestas de comunidades locales, prestadores de servicios turísticos y organizaciones ambientalistas que alertaron sobre los riesgos para el Parque Nacional Bahía de Loreto —hábitat fundamental de la ballena azul—, el gobierno federal decidió dar marcha atrás. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío confirmó la abrogación del decreto que elevaba a Loreto a la categoría de puerto de altura, desactivando así la amenaza de tráfico marítimo internacional a gran escala en una región ambientalmente muy sensible.
Quintana Roo. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó los permisos de impacto ambiental para el megaproyecto de Royal Caribbean denominado Perfect Day México, planeado para Mahahual. La presión ciudadana fue enorme: millones de firmas se acumularon en plataformas digitales ante el riesgo de destrucción de manglares y daños al Sistema Arrecifal Mesoamericano. Finalmente, la empresa aceptó la resolución y desistió del proyecto.
La cancelación de ambos desarrollos demuestra que los megaproyectos turísticos enfrentan hoy en México un escrutinio social y jurídico sin precedentes. La defensa de ecosistemas costeros prioritarios está logrando imponer límites claros a las dinámicas del turismo masivo.
Queda pendiente, desde luego, analizar con absoluta objetividad los proyectos de gas natural licuado planteados para el Golfo de California. Las ballenas difícilmente resistirían el ruido constante de buques de 300 metros transportando a Asia combustible texano —porque, en efecto, buena parte de las ganancias serían para Texas, no para México—.
La rectificación ambiental frente a la injerencia extranjera
El gobierno de Sheinbaum rectifica cuando considera que existen razones ambientales, sociales o de viabilidad interna para hacerlo. Millones de personas no podían estar equivocadas respecto de proyectos agresivos contra el mar en el Caribe y el Golfo de California.
Pero una cosa es corregir políticas públicas y otra muy distinta ceder ante presiones políticas o judiciales provenientes de EEUU y respaldadas por sectores conservadores mexicanos que parecen obsesionados con la idea de que solo una intervención extranjera podría derrotar a Morena, ya que en las urnas no encuentran posibilidades reales de victoria. Resulta preocupante que parte de la comentocracia nacional comparta esa lógica y apoye abiertamente el deseo de Washington de influir decisivamente en el rumbo de la nación.
Si existen pruebas contundentes contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza u otros políticos sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por vínculos con el narcotráfico, habrá consecuencias legales; conste: si tales pruebas realmente existen. Según versiones difundidas hoy por Raymundo Riva Palacio en El Financiero, esas evidencias ya habrían sido presentadas. Si son sólidas, corresponderá estrictamente a las autoridades mexicanas procesar a los implicados conforme a las leyes nacionales y a los tratados internacionales vigentes.
El eco del intervencionismo
Lo verdaderamente inquietante es observar a figuras mediáticas celebrar declaraciones del secretario de Defensa de EEUU sobre el posible uso del llamado Escudo de las Américas en una guerra en territorio mexicano. Además de Gómez Leyva, también Jorge Fernández Menéndez se expresó en ese sentido.
Igualmente preocupante resulta leer a Héctor Aguilar Camín sostener en Milenio tesis que, en los hechos, terminan justificando la intervención política de Donald Trump contra gobiernos progresistas, sean autoritarios o democráticos.
Huele a traición, sabe a traición, suena a traición: es una visión subordinada de México y del tipo de relación que el país debe mantener con el vecino del norte.
Frente a ello, la 4T seguirá concentrada en gobernar. La presidenta toma decisiones positivas —sobre todo en materia ambiental— sin dejar de atender las presiones externas, tristemente acompañadas por grupos locales que, como ocurrió en el siglo XIX con quienes trajeron a Maximiliano, creen que el destino de México debe decidirse fuera del país.
Más allá de las polémicas, hay datos que respaldan la estabilidad del gobierno: disminuyen los homicidios, avanzan los programas sociales, el país se prepara para el Mundial de futbol y, en materia ambiental —quizá el desafío más importante para la humanidad—, la administración federal ha mostrado capacidad de rectificación incluso frente a fuertes intereses económicos. La salud del planeta, sin duda, lo agradecerá.
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