La salud de las mujeres y las niñas no es un asunto privado ni un privilegio de pocas, sino un derecho humano fundamental que hoy se vulnera en cada rincón de nuestro país y del mundo entero. La realidad nos muestra que una profunda e histórica brecha de género sigue condicionando el acceso a la atención médica.
En nuestra sociedad, las barreras no son solo físicas, sino estructurales. Hablar de bienestar femenino implica desmantelar un sistema donde el lugar donde se vive, el género y la cuenta bancaria determinan quién tiene derecho a una vida plena y quién está condenada a sufrir en silencio.
Existe una dolorosa realidad que ocurre todos los días en miles de hogares, incontables mujeres dejan a un lado su propia salud por falta de información clara y por un nulo acceso a los servicios médicos públicos. La desinformación, muchas veces alimentada por tabúes culturales, provoca que los síntomas iniciales de enfermedades graves sean normalizados o ignorados.
El obstáculo más cruel es el económico. Cuando los recursos escasean, las mujeres se enfrentan a la terrible decisión de elegir entre su bienestar o el sustento de su hogar. Ante una crisis, la gran mayoría prefiere que el dinero de una consulta médica, un estudio o un medicamento sea usado para comprar comida, pagar servicios o cubrir las necesidades escolares de sus hijos. En el presupuesto familiar, la salud de la madre o de la hija es siempre el último gasto de la lista, un sacrificio silencioso que perpetúa un ciclo de vulnerabilidad extrema.
Por esta razón, la salud pública no puede ser un negocio ni un servicio a medias.
Es urgente implementar y exigir un acceso gratuito a consultas periódicas que permitan detectar a tiempo y prevenir diversas enfermedades, incluso aquellas propias de la mujer que, de ser atendidas en una fase temprana, son perfectamente tratables. Un diagnóstico oportuno es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. No podemos permitir que un diagnóstico tardío sigan cobrando vidas simplemente porque una mujer no tuvo los recursos para pagar un chequeo preventivo, un traslado al hospital o algún tratamiento médico.
Un sistema de salud con perspectiva de género debe abarcar el bienestar integral de forma continua, digna y sin tabúes. Esto exige visibilizar con urgencia la salud menstrual y la salud sexual, garantizando el suministro gratuito de insumos, medicinas, anticonceptivos y tratamientos especializados en el sector público.
El gobierno tiene la obligación de acompañar a las mujeres en cada etapa de su existencia, asegurando una cobertura médica sin sesgos desde la gestación, la niñez, la adolescencia y la juventud, pasando por el derecho fundamental a una maternidad libre y consciente, hasta llegar a la menopausia y proteger la etapa geriátrica. Cuidar la vida de las mujeres en todo su ciclo vital no es una obra de caridad, es saldar una deuda histórica de justicia social y derechos humanos.
Juntas y juntos impulsemos un cambio radical para que ninguna mujer tenga que elegir entre cuidar su vida o alimentar a su familia.