El discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo pasado fue todo menos un acto de Estado. Por el contrario, se trató de un evento plenamente propagandístico cuyo objetivo no era otro que azuzar a unas bases electorales con el consabido soberanismo, para intentar justificar las inacciones del gobierno federal frente al caso de Rubén Rocha Moya.
Un elemento que ha sido señalado es la presencia de seis de los nueve ministros de la Suprema Corte, entre los que estaban, como no podía ser de otra forma, Hugo Aguilar, Lenia Batres, María Estela Rios y Aristides Guerrero. Su presencia se habría justificado si hubiera sido en el contexto de un evento de Estado donde se requiriera la presencia de representantes del Poder Judicial. Nada más lejano.
A pesar de la gravedad del gesto y lo que significa en términos de la desaparición absoluta de la independencia judicial, parecería que una buena parte de los mexicanos lo han normalizado; como si ver sentados a estos individuos, rendidos en aplausos a la presidenta fuese un suceso recurrente, normal y cotidiano que no mereciera el menor escándalo o alzamiento de la voz.
¿En qué país que se jacta de se democrático se ha visto a los ministros de la Corte acudir a un evento político con absoluto descaro? ¿Se imagina el lector a los miembros de la Corte estadounidense llevar una gorra de Make America Great Again? ¿O al presidente del Tribunal Constitucional español con una camiseta del Partido Popular?
Los ministros de la Suprema Corte se muestran sin caretas como lo que son: un tribunal capturado por el poder político que no pretende siquiera ocultar su nuevo rostro, y que han decidido actuar impunemente ante lo que se han convertido: unos peones de un movimiento que desprecia la ley, que la aplica a conveniencia y que solo busca la consolidación del autoritarismo, mismo si ello conlleva la protección de presuntos narcotraficantes y la contravención sistemática de la letra constitucional.
Los analistas que advirtieron sobre las consecuencias de la reforma judicial en 2024 no se equivocaron. Lejos de pretender democratizar al poder judicial, fue una operación de Estado para imponer a un grupo de traidores al derecho y a la Constitución. Ver sentados a los ministros de la Corte en un mitin político no solo supone una afrenta al difunto principio de la división de poderes de la República, sino una burla a la Carta Magna, o mejor dicho, a lo que queda de ella.
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