Radiografía de un arranque electoral marcado por conflictos y debilidad institucional
Con los magistrados disminuidos, los consejeros confrontados, los partidos hechos bolas y la adopción de decisiones inútiles o cuestionables inició a tiempo, pero tarde el proceso electoral 2026-2027. Un concurso que, por el marco y el contexto donde se desarrollará, sugiere un pandemonio y no una fiesta.
El calendario marca oficialmente el inicio de los comicios en el tiempo previsto, pero las autoridades electorales no advirtieron que la contienda arrancó mucho antes. Mediante actos anticipados de campaña, las distintas fuerzas políticas —con Morena a la cabeza— demostraron una manifiesta disposición para burlar o torturar la ley vigente.
El proceso ha comenzado con el pie izquierdo. Mientras la fuerza en el poder proyecta tranquilidad hacia el exterior pero acumula preocupaciones internamente, el gran interrogante radica en el desenlace de esta ruta crítica, donde la democracia está de por medio.
Las paradojas y fracturas internas en el partido oficialista
Lo verdaderamente paradójico de esta etapa inicial recae sobre el partido gobernante. A pesar de contar con una innegable preferencia en las urnas, la organización guinda optó por emprender acciones que desde ahora ponen en entredicho la calidad y la pulcritud de los comicios.
De este modo, la dirigencia generó un problema artificial y dejó de atender el desafío real que la asedia. Esta estrategia proyecta una preocupante pérdida de confianza en su propia capacidad para ganar legítimamente sin manchar el proceso.
Paradójicamente, el verdadero reto para Morena no proviene de la oposición tradicional del PRI y del PAN. Aunque estas fuerzas políticas actúan por separado o en bloque, no representan un peligro real; sin embargo, el partido gobernante desvió su atención hacia ellas, descuidando el conflicto interno que amenaza con una implosión: la feroz lucha por las candidaturas.
La disputa por las postulaciones dentro de la coalición oficialista exhibe una voracidad impresionante. A los aspirantes poco les importa la cohesión de la alianza o la estabilidad gubernamental. Su prioridad es acaparar cuotas de poder bajo una premisa implícita: primero la candidatura y luego vemos lo que sigue.
Batallas regionales y disputas de poder
Los encontronazos se replican en diversas entidades federativas. En Baja California, el enfrentamiento entre el exgobernador Jaime Bonilla y la mandataria estatal Marina del Pilar Ávila por imponer a sus respectivos aspirantes trasciende fronteras y vulnera la soberanía. Un escenario similar se vive en Quintana Roo entre la gobernadora Mara Lezama y el aspirante Rafael Marín Mollinedo.
En Chihuahua, la pugna enfrenta al alcalde Cruz Pérez Cuéllar con el senador Adán Augusto López, quien respalda la aspiración de Andrea Chávez como una palanca de poder político. A nivel municipal los choques son igual de intensos, como ocurre en la alcaldía de León entre Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes, sin dejar de lado el desafío lanzado por el diputado y líder sindical Pedro Haces: “me dan posiciones o las consigo con los adversarios”.
Mientras el partido en el poder desgasta su energía en frentes externos, su dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, sufre para consolidar su autoridad y se juega su propio futuro político de cara a la sucesión presidencial. La tensión ya es evidente en las más altas esferas gubernamentales.
La oposición y la sombra de la injerencia externa
El error estratégico de Morena al enfocar su atención en los flancos equivocados ha abierto una ventana de oportunidad para que la oposición reviva su mayor temor: la intervención extranjera en los asuntos nacionales.
Al restarle legitimidad al proceso desde su origen, el oficialismo arrastró al árbitro y al tribunal electoral a una crisis innecesaria. No obstante, el desvarío de las dirigencias del PRI y del PAN les impide vislumbrar o aprovechar esta coyuntura, razón por la cual la postura de Movimiento Ciudadano de distanciarse de ellos resulta comprensible.
La estrategia opositora se limita a denunciar los vicios del proceso fuera de las fronteras mexicanas, pero carece de propuestas sólidas. Al no figurar en el escenario electoral real, su apuesta se reduce a esperar un improbable voto de castigo ciudadano. La actuación de estas dirigencias opositoras raya en lo patético.
El factor criminal y el fantasma de la violencia
A este complejo panorama político se suma un actor que expande su influencia día con día: el crimen organizado. Sinaloa permanece sumido en una guerra interna, con regiones enteras bajo dominio criminal y diversos actores políticos ya señalados por sus vínculos con la delincuencia.
La gran incógnita es cómo incidirá este grupo armado en los comicios, especialmente tras haber sido documentada su actuación como operador electoral en territorio sinaloense. Resulta alarmante que el gobierno federal aún no defina una postura clara frente a figuras investigadas como el exgobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, enviando un mensaje ambiguo ante la colusión entre la política y la delincuencia.
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