El 19 de agosto de 2024, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores en respuesta a la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca modificar el funcionamiento de este poder.
Esta protesta también fue respaldada por jueces y magistrados, quienes se unieron al paro.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) expresaron su preocupación por la independencia del Poder Judicial en medio de estas tensiones, y afirmaron que cualquier reforma debe asegurar que el Poder Judicial continúe operando de manera autónoma y ajena a influencias externas.
Por su parte, el presidente López Obrador calificó el paro como «ilegal», pero garantizó su respeto al derecho de los trabajadores a manifestarse, sin embargo, dejó claro que cualquier sanción por la suspensión de labores corresponderá al Consejo de la Judicatura Federal, y no al Ejecutivo Federal.
López Obrador minimizó el impacto del paro, afirmando que, para la mayoría de los mexicanos, la huelga no tendrá relevancia significativa y añadió que podría ser beneficioso al evitar que jueces y magistrados liberen a personas vinculadas al crimen organizado o delitos de cuello blanco.
