Un fallo unánime contra el veto electoral
El Tribunal Supremo de Israel ha tomado una decisión histórica al revocar por unanimidad la exclusión de las formaciones políticas de mayoría árabe de cara a los comicios generales fijados para el 27 de octubre.
Esta resolución judicial frena de golpe las maniobras impulsadas por el partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, junto a otras facciones ultraderechistas que buscaban impedir la presencia de estas listas en la contienda democrática.
Revocación de la censura previa
El máximo estamento judicial anuló el dictamen emitido previamente por el Comité Electoral Central, el cual pretendía vetar al partido islamista moderado Ra’am y a la Lista Conjunta, un bloque integrado por tres agrupaciones distintas.
Asimismo, la judicatura avaló la participación del diputado izquierdista judío Ofer Cassif, perteneciente a la coalición Hadash y reconocido por sus duras críticas a las políticas estatales y a las acciones militares en la Franja de Gaza.
Argumentos legales y doble rasero
El comité electoral había justificado las prohibiciones bajo la premisa de que los candidatos supuestamente respaldaban la lucha armada y cuestionaban la naturaleza judía del Estado, amparándose en la correlación de fuerzas de la Knéset, dominada por sectores conservadores y religiosos.
En contraste, la misma instancia había rechazado sancionar a formaciones de extrema derecha como Poder Judío, encabezada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o Sionismo Religioso, liderada por el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Retirada preventiva de un candidato
Pese al fallo general favorable, el dirigente palestino-israelí Sami Abu Shehadeh, al frente del partido Balad, optó por renunciar a su candidatura tras recibir avisos adversos de la máxima instancia judicial sobre su elegibilidad.
Desde la organización jurídica Adalah emitieron un comunicado explicando que Abu Shehadeh decidió apartarse de la pugna “para evitar un fallo del Tribunal Supremo que podría sentar un peligroso precedente jurídico, con graves consecuencias para el ya limitado espacio de participación política palestina en la Knéset”.
Adalah también denunció que “no existe fundamento legal” para vetar al político debido a un texto difundido tras los eventos del 7 de octubre de 2023.
La organización legal criticó con dureza la actuación de los tribunales, señalando que la institución aplicó una vara de medir completamente distinta para los ciudadanos judíos en comparación con los palestinos, “cuyos líderes pueden quedar excluidos de las elecciones a la Knéset a causa de un solo artículo publicado”.
Asimismo, advirtieron que “la postura adoptada por el tribunal socava tanto el derecho de los ciudadanos palestinos a presentarse a las elecciones como su derecho a la representación política”.
Contexto de marginación demográfica
En el territorio israelí habitan más de 2 millones de ciudadanos palestinos, cifra que equivale al 20% de la población total del país, aunque enfrentan barreras estructurales de desigualdad y discriminación institucional.
Pese a que las formaciones árabes representan la única vía institucional para defender sus demandas, operan en un entorno de marcado aislamiento político, ya que ningún partido judío contempla pactar con ellos de cara a la formación de un futuro gobierno.
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