Una oleada de firmas contra el imperio mediático
Una iniciativa ciudadana para exigir la supresión y el cierre definitivo del canal ultraconservador CNews, perteneciente al magnate Vincent Bolloré, ha rebasado la barrera de las 700.000 firmas alojadas en el portal digital de la Asamblea Nacional francesa. Este hito normativo abre un camino formal para llevar el asunto a un debate en el pleno del hemiciclo parlamentario.
El respaldo popular experimentó un crecimiento exponencial tras el atentado racista en Trappes ocurrido el pasado 24 de octubre, un suceso violento que se saldó con un fallecido y varios heridos. Diversos colectivos sociales y formaciones políticas señalaron directamente que la cobertura informativa de este medio fomenta la normalización del odio y la discriminación en la sociedad francesa actual.
“CNews no es un canal de noticias. Es una máquina de propaganda”, se puede leer en el texto de la petición. “Desde 2019 acumula 27 llamadas al orden [por parte de la autoridad reguladora del sector audiovisual] y 630.000 euros en multas. Es el récord absoluto del sector audiovisual en Francia”, subraya su promotor, Lucas Massoni.
Acusaciones de discursos de odio
El documento impulsado por la ciudadanía recopila numerosas controversias emitidas en antena, recordando que “a los franceses negros se les compara con ‘grandes simios’ y con ‘tribus primitivas’. […] Se burlan de los orígenes de Aya Nakamura o de Rima Hassan [eurodiputada franco-palestina de Francia Insumisa]. Bally Bagayoko, el nuevo alcalde de Saint-Denis, fue comparado con un mono en directo por un tertuliano”.
El autor del llamamiento argumenta que las sanciones económicas de la entidad reguladora Arcom resultan inútiles debido a que el accionista mayoritario sufraga las multas de buen grado para mantener la señal en antena. Además, recuerda que la normativa vigente permite retirar concesiones de TDT ante reiteradas infracciones, tal como sucedió previamente con el canal C8, también vinculado al grupo empresarial.
Procedimiento legislativo y debate institucional
El reglamento de la cámara baja de Francia contempla que al superar el umbral de las 500.000 firmas validadas, procedentes de un mínimo de 30 departamentos, las propuestas ciudadanas pueden canalizarse hacia un debate formal. La comisión de Asuntos Culturales y Educación debe evaluar el expediente para decidir si lo archiva o si eleva la discusión a la sesión pública.
Pese al innegable impacto político de la movilización, los expertos recuerdan que este tipo de iniciativas no suponen la clausura inmediata de una emisora ni obligan a la apertura de expedientes punitivos directos. Sin embargo, sirven como un poderoso altavoz social para interpelar a los legisladores sobre los límites de la pluralidad informativa y el respeto a los derechos fundamentales.
Trinchera política en la Asamblea
Las reacciones en el arco parlamentario reflejan una profunda división ideológica. Mientras los sectores de izquierda exigen medidas contundentes contra los emporios de la derecha radical, los partidos conservadores y ultraderechistas denuncian un supuesto asalto a la libertad de expresión. Desde las filas de la extrema derecha, el diputado Philippe Ballard ha manifestado que “Me disculpar&án, pero yo he sido periodista durante 40 años y esto da miedo. Bienvenidos al país en el que se quiere resucitar la censura”.
Por su parte, los portavoces de las formaciones centristas han optado por la cautela institucional, recordando que la clausura de medios de comunicación no forma parte de los estándares democráticos habituales. En paralelo, los representantes de la cadena se han abstenido de emitir valoraciones públicas ante la presión creciente de esta histórica movilización ciudadana.
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