El desplome bancario y el juicio político
El escenario político de Paraguay dio un vuelco histórico este viernes, cuando el Senado determinó la destitución del mandatario Santiago Peña por la causal de mal desempeño de funciones. La decisión se concretó durante la segunda jornada de un juicio político impulsado tanto por la oposición como por sectores disidentes del oficialismo.
La votación contó con el respaldo unánime de los 44 senadores presentes en el recinto. Con 47 años de edad, Peña se convirtió en el segundo presidente de la historia reciente del país en ser apartado de su cargo mediante esta vía constitucional, precedido únicamente por el exmandatario Fernando Lugo.
El detonante de la crisis institucional estuvo ligado al colapso de Ueno bank, una entidad financiera estrechamente relacionada con el exgobernante. Días antes, el Banco Central del Paraguay (BCP) había anunciado un proceso de disolución tras constatar que el índice de solvencia de la institución se encontraba por debajo del 50 % del mínimo requerido.
Pérdidas millonarias y impacto ciudadano
La intervención del ente emisor desató una profunda incertidumbre entre los cuentahabientes, afectando a gran parte de la población. Diversas cajas jubilatorias, incluido el Instituto de Previsión Social (IPS), habían confiado cuantiosos recursos en la entidad financiera intervenida.
Durante la lectura de los alegatos finales, la diputada Rocío Vallejo expuso la magnitud del descalabro económico generado por la situación bancaria. La legisladora aseveró que Peña creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo y provocó tres millones de perjudicados en un solo día, calificándolo como el desfalcador más grande de la historia del Paraguay.
La caída de la entidad también repercutió en el comercio minorista y la circulación monetaria. Distintos gremios comerciales reportaron caídas abruptas en sus ventas, mientras que las autoridades monetarias debieron acelerar la emisión de efectivo ante la masiva demanda de los ciudadanos.
Pérdida de fueros y detención domiciliaria
Al haber sido destituido mediante un juicio político, Peña perdió el derecho constitucional a convertirse en senador vitalicio, un beneficio que incluye inmunidad parlamentaria. Esta situación dejó el camino despejado para que la Fiscalía avanzara en las investigaciones penales en su contra.
Inmediatamente después del fallo del Congreso, un juez dictó una orden de captura que fue ejecutada por las fuerzas de seguridad en la residencia del exmandatario. Paralelamente, la justicia ordenó el ingreso a prisión preventiva de varios directivos y fundadores del banco, mientras continúan los operativos de allanamiento y la incautación de bienes vinculados a la trama.
Transición en el Poder Ejecutivo
Tras la vacancia en la jefatura del Estado, el Congreso convocó a una sesión extraordinaria para materializar la sucesión presidencial. El entonces vicepresidente, Pedro Alliana, juró como nuevo mandatario y asumió la administración del país para completar el periodo gubernamental vigente hasta agosto de 2028.
En su primer discurso oficial, el flamante gobernante buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía afectada por la debacle económica. “Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, anunció el mandatario.
Asimismo, la designación de la nueva cúpula gubernamental incluyó la juramentación de Antonio Barrios como vicepresidente. El Ejecutivo entrante prometió implementar medidas urgentes de austeridad, centradas en recortar los gastos superfluos del Estado y redirigir los esfuerzos hacia la reconstrucción de la confianza institucional en el país.
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