Una medida controvertida que fractura el discurso oficial
Mientras el presidente de Chile, el mandatario ultraderechista José Antonio Kast, cumplía con su agenda oficial en Europa y recibía distinciones institucionales, su administración en Santiago enfrentaba la tormenta política más grave desde su investidura. El detonante ha sido la reciente revelación de que el Ministerio de Justicia, dirigido por Fernando Rabat, convalidó la reducción de penas a 56 agresores sexuales de menores entre los meses de marzo y septiembre.
Esta polémica actuación choca frontalmente con los ejes ideológicos y discursivos que catapultaron a Kast a la jefatura del Estado, centrados en una política de mano dura contra la criminalidad y una negativa absoluta a conceder beneficios penitenciarios a delincuentes de alta peligrosidad. Diversos analistas políticos señalan que esta contradicción ha resquebrajado la credibilidad del Ejecutivo ante la ciudadanía.
Según reflexiona Cristóbal Bellolio, especialista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Kast fue muy claro, muy enérgico y muy enfático en materia de seguridad, prometiendo reiteradamente que jamás otorgaría indultos o flexibilizaciones carcelarias a violadores de menores. En la misma línea, el politólogo Octavio Avendaño recalca que existe una absoluta incongruencia entre los compromisos adquiridos durante la campaña y los hechos recientes.
Impacto en la popularidad y desplome en los sondeos
Las consecuencias políticas no se han hecho esperar y los índices de aprobación del Gobierno se encuentran en su nivel más bajo desde marzo, situándose en un 25% de respaldo frente a un 65% de rechazo. Expertos en opinión pública destacan que el Ejecutivo ha perforado un umbral simbólico complejo, situándose por debajo de los registros más difíciles de sus antecesores.
Pese a calificar públicamente la rebaja de condenas como un error injustificable desde el punto de vista técnico y jurídico, el jefe de Estado ha optado por respaldar al ministro Rabat, asumiendo personalmente el costo político de la decisión desde el extranjero. No obstante, las tensiones internas ya provocaron la destitución del exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, tras difundir un mensaje audiovisual desmarcándose de la medida.
Frentes abiertos en economía y gestión gubernamental
La tormenta institucional por las rebajas de condenas coincide con un escenario macroeconómico adverso en el que la inflación, el encarecimiento de los combustibles y el aumento del desempleo golpean fuertemente a los hogares chilenos. Las estimaciones del Banco Central sitúan el crecimiento económico para el cierre del año entre el 0,25% y el 0,75%, muy por debajo de las expectativas iniciales de reactivación.
Para el economista Francisco Castañeda, el aumento de los precios de los combustibles, sumado al fuerte ajuste fiscal, ha desincentivado la demanda y el gasto, y ha presionado el crecimiento económico hasta situarlo en torno al cero. A estos factores se suman la baja productividad y la contracción en la inversión privada, complicando aún más la hoja de ruta del actual Ejecutivo.
Incertidumbre sobre la continuidad del gabinete
Las presiones para apartar al titular de Justicia no provienen únicamente de la oposición política, sino también de sectores moderados del oficialismo y de organizaciones sociales que exigen responsabilidades inmediatas. La permanencia de Rabat en el cargo se debilita cada día ante la inminente tramitación de un juicio político en el Congreso impulsado por legisladores de diversos sectores.
Analistas como Claudia Heiss advierten que los costos reputacionales de sostener al actual ministro son excesivamente elevados para la supervivencia del proyecto político gubernamental. Si el Ejecutivo no adopta correcciones drásticas de rumbo, el mandato presidencial corre el riesgo de quedar limitado a una mera gestión de supervivencia administrativa sin capacidad para transformar la agenda del país.
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