La perspectiva generalizada entre los mercados y los especialistas apunta a que los compromisos financieros del Estado representan la principal vulnerabilidad económica del país. Sin embargo, un análisis detallado de las cifras sugiere que la raíz del problema se encuentra en otra dirección.
El ritmo y la evolución histórica de las obligaciones financieras
Es innegable que existen motivos de alerta. Las proyecciones oficiales indican que los pasivos alcanzarán su cota más elevada desde que se implementó el registro actual, un escenario agravado por la decisión de Moody’s de rebajar la calificación soberana en mayo. No obstante, interpretar este fenómeno únicamente por su volumen total equivaldría a señalar que el Producto Interno Bruto alcanzará un récord este año; lo verdaderamente relevante no es la dimensión estática, sino la velocidad con la que se expande.
Al observar la métrica más amplia de los requerimientos financieros del sector público, el indicador escaló del 28 por ciento al 52 por ciento del PIB entre 2006 y 2024. Las tres administraciones federales de este periodo registraron incrementos similares, con un promedio anual de 1.2 puntos porcentuales en el sexenio de Felipe Calderón, 1.3 con Enrique Peña Nieto y 1.4 durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda señalan que la proporción tocará el 55 por ciento del PIB al concluir 2027. De cumplirse esta previsión, la primera mitad del mandato de Claudia Sheinbaum mostrará un incremento promedio de un punto por año, el ritmo más moderado registrado desde 2006. En lo que va del siglo, únicamente el gobierno de Vicente Fox logró disminuir estos pasivos en relación con el tamaño de la economía.
Posición internacional y comparativa global
Al contrastar la situación mexicana con el resto del mundo mediante la metodología del Fondo Monetario Internacional, el país se sitúa en la posición 19 entre los 38 integrantes de la OCDE, ubicándose exactamente en el promedio. Su nivel de endeudamiento es inferior al de economías como Alemania o Polonia, pero supera al de Australia o Corea del Sur. Dentro de América Latina, mantiene un nivel más alto que Chile y Perú, aunque menor que Brasil y Argentina.
Este ejercicio comparativo revela otro aspecto fundamental: nueve naciones de la OCDE operan con pasivos cercanos o superiores al 100 por ciento del PIB y conservan el grado de inversión. Por el contrario, los tres miembros que carecen de esta categoría —Costa Rica, Colombia y Turquía— adeudan porcentajes menores que México. Esto demuestra que el volumen de la deuda por sí mismo no determina la calificación crediticia.
La verdadera debilidad: una recaudación insuficiente
El factor que verdaderamente distingue a México y concentra la inquietud de los expertos es la baja capacidad de recaudación fiscal. Los ingresos gubernamentales representan apenas el 24.9 por ciento del PIB, según datos del FMI. Esto significa que de cada 100 pesos generados por la actividad económica, el aparato estatal capta menos de 25. Dentro de la OCDE, solamente Chile y Costa Rica registran cifras inferiores, mientras que naciones como Francia duplican esta proporción.
Bajo este escenario, el déficit fiscal adquiere una dimensión distinta. Si bien el FMI calcula el desbalance gubernamental en 4.2 por ciento del PIB para este año —una cifra menor a la de Estados Unidos, Polonia o Francia—, al medirlo frente a los ingresos reales del Estado representa casi el 17 por ciento. En términos prácticos, por cada 100 pesos que ingresan a las arcas públicas, se requieren otros 17 para solventar el gasto corriente.
Presiones presupuestarias y advertencias de las calificadoras
Las agencias de riesgo crediticio coinciden en este diagnóstico. Tras recortar la nota de México, Moody’s advirtió sobre la rigidez del gasto, la estrechez de la base tributaria y el flujo constante de recursos destinados a Pemex, manteniendo una perspectiva estable al igual que Fitch. Por su parte, S&P conserva al país un peldaño por encima del mínimo, aunque con perspectiva negativa. Aunque la pérdida del grado de inversión no es inminente, el margen de maniobra es sumamente reducido.
Los compromisos futuros imponen desafíos severos para el mediano plazo. Se prevé que el servicio de la deuda absorba el 4 por ciento del PIB en 2027. Organizaciones como México Evalúa estiman que, al sumar el costo de las pensiones, ambas partidas consumirán el 10.3 por ciento del PIB, superando el presupuesto conjunto destinado a educación, salud, impartición de justicia e infraestructura.
Las proyecciones oficiales anticipan que los pasivos continuarán al alza hasta alcanzar el 56.4 por ciento del PIB hacia 2030. Factores como un crecimiento económico inferior al proyectado, tasas de interés elevadas o rescates financieros adicionales para la petrolera estatal podrían deteriorar aún más esta trayectoria.
El debate económico no radica en una velocidad de endeudamiento descontrolada, sino en la incapacidad estructural del Estado para generar recursos suficientes frente a sus compromisos vigentes. Moderar el déficit a corto plazo aporta estabilidad, pero no resuelve la causa original del desequilibrio. Mientras la discusión pública ignore la necesidad de fortalecer los ingresos y se limite a cuestionar el volumen de los pasivos, el diagnóstico financiero del país permanecerá incompleto.
