Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación
Una reciente revisión a la gestión financiera del sector público reveló que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) canalizó recursos por 29 millones 983 mil pesos hacia 78 prestadores de servicios profesionales sin contar con los respaldos documentales necesarios para validar su desempeño laboral.
El organismo fiscalizador detectó que estas erogaciones se efectuaron a lo largo del ejercicio pasado. Dentro de las anomalías más desconcertantes documentadas por los inspectores, se constató que un grupo de cinco trabajadores justificó sus responsabilidades oficiales mediante la elaboración de tarjetas de felicitación por cumpleaños y la redacción de síntesis informativas.
Labores ajenas a las funciones institucionales
De acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública 2025, las tareas desempeñadas por estos contratistas no guardaban relación con las competencias esenciales de las dependencias receptoras ni con el mandato legal del organismo federal.
El órgano fiscalizador también advirtió la ausencia de mecanismos eficaces para el seguimiento interno, además de carecer de constancias válidas que confirmaran la ejecución de los compromisos estipulados contractualmente.
Millonarias observaciones al gasto
El monto total de las observaciones emitidas en contra del INDAABIN asciende a 138 millones 939 mil 896 pesos. Esta cifra engloba tanto los pagos cuestionados a personal por honorarios como diversas irregularidades detectadas en operaciones de servicios valuatorios y gestión administrativa.
Pese a la magnitud de los señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una postura para deslindar a la institución, argumentando que las anomalías reportadas no constituyen faltas definitivas.
La defensa de la Secretaría de Hacienda
Mediante un posicionamiento oficial, la dependencia federal rechazó que las observaciones deban interpretarse como irregularidades comprobadas y aseguró que el organismo entregó a la auditoría toda la información técnica y presupuestaria requerida para respaldar los gastos.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda defendió la operación de una plataforma digital destinada al control y validación de las actividades del personal, argumentando que se aportaron los expedientes correspondientes a los servicios valuatorios puestos en duda.
Procedimiento en curso y transparencia
Actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de análisis, donde el personal técnico del órgano auditor revisará los expedientes complementarios aportados por la institución.
Aunque estos señalamientos preliminares no configuran todavía un daño patrimonial definitivo ni fincan responsabilidades jurídicas, la revelación sobre el uso de recursos públicos para financiar labores de carácter personal o administrativo menor vuelve a colocar bajo la lupa los filtros de contratación y supervisión del gasto gubernamental.
