El dilema de las prioridades gubernamentales
Gobernar implica tomar decisiones fundamentales sobre dónde canalizar los esfuerzos y recursos del Estado. En la actualidad, la administración federal destina una parte significativa de su tiempo público a confrontar a diversos sectores críticos, incluidos académicos, medios de comunicación, activistas y fuerzas opositoras. Surge entonces una interrogante inevitable sobre el impacto que tendría canalizar toda esa energía institucional directamente hacia el fortalecimiento de la seguridad pública.
Los recientes acontecimientos violentos, como el enfrentamiento registrado entre elementos castrenses y grupos delictivos en Ocotlán, Jalisco, funcionan como un doble recordatorio. Por un lado, exponen la gravedad de los conflictos armados en comunidades relevantes y, por el otro, evidencian que la amenaza criminal mantiene su capacidad de desafío en distintas regiones del país.
Balances oficiales y la realidad empresarial
Cuando ha transcurrido un tercio del actual sexenio, el Ejecutivo federal sostiene que en un periodo de dos años se redujeron los homicidios a la mitad. Dicha estadística requeriría un análisis exhaustivo y un debate público constante impulsado desde la propia Presidencia para evaluar con precisión la efectividad de la estrategia implementada.
Resulta poco realista asumir que el aparato estatal puede enfrentar en solitario una crisis de criminalidad que se ha prolongado por décadas. No obstante, el propio gobierno parece asumir esta compleja encomienda mientras desgasta recursos en disputas políticas y polémicas secundarias.
Esos conflictos políticos desvían la atención de informes clave como la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas publicada por el INEGI. Los datos de este ejercicio estadístico revelan un panorama sumamente delicado:
- Una de cada cuatro empresas en el territorio nacional se declara afectada por algún ilícito.
- La extorsión concentra prácticamente la cuarta parte de los delitos que sufren los negocios.
- Existe una preocupante cifra negra donde únicamente uno de cada 10 delitos cometidos contra el sector productivo llega a denunciarse ante las instancias correspondientes.
Esta radiografía se repite en entidades como Sinaloa, donde el despliegue de altos mandos federales de seguridad contrasta con una crisis de violencia que se prolonga desde hace más de dos años, evidurando la brecha entre los operativos oficiales y la pacificación prometida.
Violencia política y los distractores mediáticos
El clima de inseguridad también impacta de forma directa en los procesos democráticos y electorales. El asesinato de un aspirante a una presidencia municipal en Michoacán, ocurrido a plena luz del día durante un evento público, confirma que los grupos criminales buscan incidir en la política nacional sin importar la filiación partidista de las víctimas.
Frente a este escenario, la opinión pública ha dedicado meses a seguir polémicas específicas, como el caso relacionado con la familia Taddei. Si bien los asuntos de corrupción o faltas administrativas deben investigarse y sancionarse conforme a la ley, este tipo de controversias absorbe el tiempo de la clase política y profundiza la polarización, obstaculizando cualquier posibilidad de diálogo y coordinación institucional.
Si bien las corporaciones de seguridad han logrado detenciones relevantes en semanas recientes, algunas de ellas motivadas por presiones internacionales que generan dudas sobre la autonomía en la agenda de seguridad, es indispensable reorientar el debate nacional.
La prioridad fundamental debe centrarse en combatir la violencia que afecta a la población mexicana. Enfocarse en las acciones operativas contra la delincuencia y dejar de lado los distractores políticos es una necesidad inaplazable para el bienestar del país.
