En medio del debate nacional por los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el mandatario poblano Alejandro Armenta Mier fijó una postura que busca acotar el papel de las entidades federativas frente a presiones externas y reafirmar el control exclusivo de la Federación en temas de seguridad nacional y política exterior.
El gobernador subrayó que ningún estado puede establecer acuerdos con gobiernos extranjeros ni permitir la intervención de agentes foráneos en su territorio, al advertir que tales acciones representarían una vulneración directa a la soberanía nacional. “Las facultades en materia de seguridad nacional y relaciones internacionales son exclusivas de la Federación”, sostuvo.
En ese contexto, Armenta respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que cualquier acusación proveniente del extranjero deberá sustentarse con pruebas sólidas conforme al marco legal mexicano para que proceda la Fiscalía General de la República. De lo contrario, indicó, se trataría de imputaciones con un trasfondo político.
El mandatario poblano enfatizó que la relación con instancias internacionales debe regirse por los canales institucionales del Estado mexicano, y no por decisiones unilaterales de gobiernos locales. En ese sentido, recordó que la Constitución establece con claridad que no se aceptará intervención extranjera que vulnere la integridad o independencia del país.
Asimismo, dejó claro que, en caso de ser convocado por el Congreso, acudiría al Senado de la República, al considerar que desacatar un llamado implicaría ignorar a uno de los poderes constitucionales que representan el pacto federal.
En el plano jurídico, Armenta Mier citó el Código Penal Federal, que tipifica como traición a la patria solicitar la intervención de un Estado extranjero o promover acciones que atenten contra México. “La soberanía no es un discurso, es un mandato constitucional”, afirmó.
El posicionamiento también tuvo un componente simbólico al evocar el legado histórico de Puebla en la defensa nacional, particularmente la Batalla de Puebla, como referente de resistencia ante intervenciones extranjeras.
Con este pronunciamiento, el gobierno poblano se suma al cierre de filas en torno al Ejecutivo federal en un momento de tensión diplomática, al tiempo que delimita con claridad el alcance de los gobiernos estatales frente a temas de carácter internacional y de seguridad nacional.
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