La violencia política y social vuelve a ensombrecer el estado de Oaxaca tras un trágico atentado armado perpetrado durante un evento público. En el violento suceso perdieron la vida tres personas, incluyendo a Amy Navarrete, quien fuera candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Matías Romero. El ataque no solo cobró la vida de la política, sino también la de su colaborador fotográfico y la de un tercer individuo que se encontraba en el lugar de los hechos.
Un atentado directo en pleno acto público
De acuerdo con los primeros reportes ministeriales, los hechos ocurrieron cuando sujetos fuertemente armados irrumpieron de manera violenta en un acto público que se desarrollaba en la región del Istmo de Tehuantepec. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la humanidad de la exaspirante a la alcaldía y sus acompañantes, sembrando el pánico entre los asistentes antes de huir con rumbo desconocido.
La agresión directa desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. A pesar de la rápida respuesta de los paramédicos, las víctimas mortales fallecieron prácticamente de manera instantánea a causa de la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala. Entre los caídos se confirmó el deceso del fotógrafo personal de la política y de otro hombre cuya identidad preliminar aún es analizada por las autoridades ministeriales.
Indignación y exigencia de justicia ante la violencia
Tras el violento episodio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) asumió el control de las investigaciones correspondientes. Peritos en criminalística y agentes de la policía de investigación desplegaron un operativo en la zona para recolectar indicios balísticos, testimonios de los testigos presenciales y cualquier videograbación que permita dar con el paradero de los responsables intelectuales y materiales de este triple homicidio.
El crimen ha generado una profunda consternación y un rechazo absoluto por parte de diversos sectores sociales y políticos de la entidad oaxaqueña, quienes han alzado la voz para exigir que este atentado no quede en la impunidad. Las organizaciones civiles y simpatizantes del instituto político han demandado garantías de seguridad para el ejercicio de la vida pública en una de las regiones más golpeadas por la incidencia delictiva en el sur del territorio nacional.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no han reportado detenciones vinculadas directamente con este ataque armado, mientras continúan las diligencias ministeriales bajo un fuerte hermetismo para esclarecer los móviles detrás de la ejecución de la excandidata del Partido Verde y sus acompañantes.
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