Hallazgos clave en la revisión de la Cuenta Pública 2023
La fiscalización de los recursos públicos continúa generando repercusiones legales en el estado. Recientemente, la Auditoría Superior del Estado concluyó una investigación exhaustiva donde se acreditó fehacientemente que el ex tesorero del municipio de Coyame del Sotol, identificado bajo las iniciales M.A.G.G., incurrió en el delito de abuso de funciones al administrar el erario sin apegarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Según los datos revelados en el informe individual correspondiente a la Cuenta Pública 2023, el ex funcionario dispuso de una suma que asciende a 91 mil 119 pesos con 68 centavos. Dicho monto fue ejercido de manera irregular, ya que no se logró recopilar ni presentar la documentación comprobatoria y fiscal necesaria que respaldara legalmente el destino final de este dinero perteneciente a la ciudadanía.
Gastos injustificados y compras personales con erario municipal
El desglose de las erogaciones detectadas durante la auditoría expone un uso heterogéneo y alejado de las prioridades administrativas del ayuntamiento. Entre los conceptos que encendieron las alertas de los inspectores financieros se ubican diversas adquisiciones de refacciones mecánicas, combustible para vehículos, así como productos de consumo cotidiano y recreativo.
De manera específica, el organismo fiscalizador documentó la compra de refrescos, artículos diseñados para actividades de natación, diversos productos de belleza y otros insumos que, de acuerdo con las líneas de investigación, habrían sido destinados para financiar la celebración del Día de la Madre. No obstante, al margen de la naturaleza de los festejos, la observación principal radica en que el ex tesorero omitió los comprobantes fiscales válidos que demostraran que dichos bienes se adquirieron e ingresaron formalmente al patrimonio y operación del municipio.
Sanción administrativa y resolución del Tribunal
Derivado de estas anomalías financieras detectadas en la gestión municipal, la Auditoría Superior del Estado procedió conforme a los marcos legales vigentes, interponiendo una denuncia formal ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. El objetivo principal de esta acción legal consistió en iniciar el proceso para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes contra el ex servidor público involucrado.
Tras el análisis de las pruebas presentadas y el desahogo de las etapas procesales, la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas emitió su resolución, calificando formalmente la conducta del ex tesorero como una falta administrativa grave.
Como consecuencia directa de esta resolución judicial, el órgano jurisdiccional determinó imponer una sanción consistente en la suspensión de su empleo, cargo o comisión por un periodo de 50 días. Esta medida punitiva se fundamenta en la incapacidad jurídica y administrativa del ex funcionario para comprobar de manera fehaciente el ejercicio y destino del presupuesto público que estuvo bajo su resguardo durante el ejercicio fiscal auditado.
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