En política no existen casualidades, solo operaciones. Y lo que hoy comienza a configurarse en Baja California alrededor de Julieta Ramírez Padilla no parece un fenómeno espontáneo ni una irrupción genuina de un liderazgo emergente; luce más bien como una construcción cuidadosamente diseñada desde las estructuras de poder de Morena, con una figura central detrás del tablero: Adán Augusto López Hernández.
Ese es el punto que no debe perderse de vista. Hablar de Julieta Ramírez sin hablar de Adán Augusto es analizar apenas la superficie.
La narrativa de una joven senadora con aspiraciones legítimas a gobernar Baja California se desvanece cuando se observa el entramado político que la sostiene. Bardas con propaganda anticipada, activismo territorial disfrazado de jornadas comunitarias, una operación política adelantada pese a las reglas internas del partido, y un posicionamiento cada vez más agresivo rumbo a 2027. Nada de eso ocurre sin padrinazgo.
Y ese padrinazgo tiene nombre.
Julieta Ramírez aparece hoy como el nuevo proyecto político de Adán Augusto en el norte del país. No es casual que quienes impulsaron al tabasqueño en su aventura presidencial ahora formen parte del círculo que empuja esta candidatura. Tampoco es coincidencia que este movimiento emerja en un momento delicado para el grupo gobernante en Baja California, particularmente tras el desgaste político que enfrentan Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres.
En ese contexto, la apuesta parece clara: construir una candidatura de continuidad que no solo preserve el control político del estado, sino que además funcione como escudo para el grupo en el poder.
Porque esa es la otra discusión de fondo.
¿Se está diseñando una sucesión para gobernar Baja California o una operación para blindar políticamente a un grupo cuestionado?
La percepción pública empieza a inclinarse hacia lo segundo.
No es menor que alrededor de Julieta Ramírez se acumulen señalamientos por presunto uso político de programas sociales, operadores de Bienestar convertidos en estructura electoral y acusaciones recurrentes de nepotismo. En cualquier democracia seria, estos antecedentes ameritarían escrutinio, no promoción.
Pero en Morena parece operar otra lógica: los señalamientos no frenan carreras, las impulsan.
La llamada “Barredora” —como algunos ya describen este movimiento— no parece venir a renovar, sino a arrasar con cualquier competencia interna para imponer una candidatura desde el centro.
Y eso explica el activismo desbordado.
No es Julieta construyéndose sola.
Es una operación.
Una operación donde Adán Augusto mueve piezas, donde Netzahualcóyotl Jáuregui aparece como socio territorial y donde la relación con Marina del Pilar dibuja una red de intereses demasiado compacta para ignorarla.
Pobre Baja California si la elección de 2027 termina reducida a la disputa entre grupos de protección política y no a un debate sobre seguridad, desarrollo, crisis hídrica o violencia.
Porque el riesgo no es solo que se imponga una candidatura adelantada.
El riesgo es que se consolide una lógica patrimonial del poder donde las gubernaturas se heredan entre facciones.
Y ahí está el verdadero problema.
La pregunta ya no es si Julieta Ramírez quiere ser gobernadora.
La pregunta es para quién.
¿Para Baja California o para el proyecto político de Adán Augusto?
Porque si su candidatura nace para proteger intereses, no para transformar al estado, entonces no estamos frente a una opción de relevo, sino ante un intento de blindaje.
Y eso, tarde o temprano, los electores lo terminan cobrando en las urnas.