Adquirir entradas para asistir a conciertos, obras teatrales o festivales masivos suele venir acompañado de una sorpresa frecuente en la pantalla de pago: la aparición repentina de montos adicionales, como un cargo extra de 50 pesos que desconcierta a una gran cantidad de compradores en plataformas digitales como Ticketmaster, generando dudas constantes sobre la legalidad de estas prácticas comerciales.
Ante este escenario que afecta cotidianamente a los consumidores, el titular de la Profeco, Iván Escalante, aclaró de manera oficial que cualquier cobro adicional que apliquen las empresas proveedoras de servicios puede considerarse legal, siempre y cuando la institución o boletera cumpla con la obligación de notificarlo con antelación a la autorización del pago y estos conceptos queden debidamente estipulados dentro del contrato de adquisición.
Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 14 de septiembre, el titular de la Profeco puntualizó que los cargos por servicio están permitidos por la normatividad vigente, pero enfatizó que el comprador tiene el derecho inalienable de conocer de forma detallada cómo se compone el valor final de las entradas antes de desembolsar su dinero.
“Estos cargos son legales, mientras se le informe a las personas consumidoras cómo está integrado el precio final”, dijo el titular de Profeco a pregunta de Chilango.
Asimismo, el funcionario advirtió que si las plataformas omiten mostrar estos cobros antes de que el usuario ejecute la transacción financiera, la dependencia gubernamental intervendrá para investigar y sancionar la falta de transparencia.
“Si no está previo a que se pague, está mal. Sería cosa de revisarlo nosotros”, enfatizó.
¿Qué cargos de Ticketmaster u otras boleteras son legales?
Para evitar abusos en el comercio electrónico, la regla fundamental establecida por la procuraduría es que el precio final de los boletos debe estar disponible antes de que el consumidor complete la operación. Esto significa que las boleteras tienen estrictamente prohibido aplicar cobros sorpresivos que aparezcan de manera posterior a la confirmación de compra.
La interfaz digital debe desglosar con absoluta claridad cada uno de los conceptos que integran la tarifa, así como el monto total definitivo que el usuario está consintiendo pagar por el servicio o producto adquirido.
Iván Escalante destacó que este criterio de transparencia obligatoria no se restringe únicamente al sector del entretenimiento y la venta de localidades para eventos, sino que se extiende a otras industrias comerciales, como la proveeduría de servicios turísticos y la comercialización de viajes en línea.
A manera de ejemplo en el sector aeronáutico, el titular de la dependencia indicó que las aerolíneas o intermediarios deben separar de manera obligatoria rubros como:
- El costo base del vuelo
- El valor por la asignación específica de asientos
- El cobro por equipaje documentado o adicional
- El precio correspondiente a tours o excursiones integradas
En definitiva, todas las comisiones extraordinarias que incidan en la transacción final deben mostrarse explícitamente para que el cliente conozca el valor total que le será debitado.
“Si todo viene desglosado en la cuenta final, y además viene dentro del propio contrato —porque, aunque sea una venta o una compra en línea, tiene que haber un contrato en donde se pone ‘acepto’—, tiene que venir todo el paquete del precio integrado”, explicó Iván Escalante.
Este marco regulatorio aplica de idéntica manera para las transacciones operadas a través de sitios web o aplicaciones móviles, donde la aceptación de términos y condiciones constituye un contrato digital válido que debe reflejar fielmente los costos totales aceptados por el ciudadano.
Profeco vigila a las boleteras para garantizar transparencia en cobros adicionales
En cuanto a las acciones institucionales, el titular de la procuraduría informó que la dependencia mantiene un monitoreo constante sobre las operaciones de Ticketmaster y otras empresas del sector, habiendo emitido requerimientos formales por escrito para exigirles que informen con absoluta claridad sobre cualquier cargo antes de procesar el pago.
“Si ustedes descubrieron que hay algo posterior al pago, con muchísimo gusto lo revisamos, hacemos el monitoreo y los informamos”, afirmó el funcionario federal.
“Entonces, podemos hacer esta revisión que usted nos dice, para ver si efectivamente se le avisa al consumidor previo, qué es lo que tiene que suceder, y no que se le sorprenda al final con un cargo que no aceptó”, añadió.
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El origen del misterioso “cargo por procesamiento de orden”
Durante los últimos meses, numerosos compradores han manifestado su desconcierto al percatarse de que las plataformas de boletaje añaden un concepto denominado “cargo por procesamiento de orden” justo al avanzar en el proceso digital para obtener localidades para conciertos y espectáculos masivos.
En la gran mayoría de los casos documentados por los propios usuarios, este cobro específico asciende invariablemente a la cantidad de 50 pesos, un importe que genera fricción debido a la escasa información institucional sobre el motivo exacto de su aplicación.
A través de las plataformas digitales, los afectados han difundido capturas de pantalla donde se observa el desglose de este cargo antes de finalizar la operación económica, exigiendo mayor claridad a los proveedores.
Pese a los intentos recurrentes de los compradores por esclarecer con la boletera los mecanismos o políticas existentes para eximirse de este pago, las respuestas han sido escasas, dejando en la incertidumbre a los usuarios sobre los procedimientos formales de reclamación.
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