La administración estatal de Chihuahua ha tomado la determinación de no implementar un fondo presupuestal exclusivo para hacer frente a la crisis de desplazamiento forzado que afecta a diversas regiones de la entidad. En su lugar, el gobierno local ha optado por gestionar la asistencia a las víctimas mediante la redistribución y el aprovechamiento de los recursos ordinarios con los que ya operan distintas dependencias gubernamentales.
La postura oficial de la Secretaría de Hacienda
Esta decisión fue confirmada de manera oficial por el secretario de Hacienda del estado, José de Jesús Granillo Vázquez, quien argumentó que la creación de un apartado financiero específico no resulta un requisito indispensable. Desde la perspectiva del funcionario, las estructuras actuales de la administración pública poseen la flexibilidad suficiente para canalizar ayuda humanitaria y soporte institucional a quienes se han visto obligados a abandonar sus lugares de origen a causa de la inseguridad.
De acuerdo con la explicación brindada por el responsable de las finanzas estatales, los esfuerzos y apoyos económicos necesarios se desprenden principalmente de los fondos asignados a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Mediante estas dos instituciones se articulan los programas sociales y las acciones de protección enfocadas en salvaguardar el bienestar de la población en condiciones de vulnerabilidad extrema.
El origen del debate y la solicitud internacional
La postura adoptada por la administración chihuahuense se da a conocer poco después de que diversas organizaciones internacionales pusieran sobre la mesa la urgencia de destinar un rubro financiero exclusivo para mitigar este fenómeno social. Durante una reunión llevada a cabo el pasado viernes, representantes de dichos organismos argumentaron que contar con un presupuesto etiquetado permitiría robustecer la capacidad de reacción del Estado ante el incremento de familias desplazadas.
Las agrupaciones civiles e internacionales insistieron en que un recurso enfocado de manera directa en esta problemática facilitaría la entrega oportuna de alimentos, refugio temporal y garantías de seguridad. No obstante, el gobierno estatal reiteró que su estrategia se basará en la optimización del gasto ya aprobado, evitando la creación de nuevas figuras administrativas que demanden una reestructuración fiscal profunda.
Mecanismos vigentes de asistencia social
Para respaldar la decisión financiera, Granillo Vázquez enfatizó que la administración pública cuenta con una red de programas transversales orientados a proteger a los sectores más desprotegidos de la sociedad chihuahuense, los cuales pueden adaptarse con facilidad para cobijar a las personas afectadas por el éxodo forzado.
«Hay diferentes programas con los cuales se puede atender, no necesariamente con esa partida, sino a través de todos los diferentes programas que el Gobierno tiene para atender a los más vulnerables», expresó el titular de Hacienda.
Con esta declaración, el gobierno estatal ratifica que la estrategia para contener la crisis de desplazamiento se mantendrá bajo el esquema de recursos compartidos entre secretarías, desestimando las peticiones de organismos externos que exigían una asignación presupuestal independiente y específica para este sector de la población.
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