Un frente común contra los operativos en el mar
Una coalición compuesta por 72 legisladores procedentes de 13 países del continente americano, que abarca naciones como Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, ha formalizado una exigencia contundente para detener de inmediato los bombardeos dirigidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico Oriental.
Los firmantes denuncian que estas acciones militares ejecutadas por Washington ya han provocado un total de 234 víctimas fatales, calificando los operativos como ejecuciones al margen de la ley. Asimismo, hacen un llamado a los diferentes gobiernos de la región para que eviten cualquier tipo de colaboración en estas maniobras.
Cuestionamiento legal y de seguridad
Diversos expertos en derecho internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas estadounidenses han calificado estas prácticas como violaciones graves al ordenamiento global. Los parlamentarios recalcan que la propia administración norteamericana ha reconocido que estas estrategias no han disminuido sustancialmente el ingreso de cocaína al territorio nacional.
Ante la intención de la administración de Donald Trump de persistir en estas operaciones y expandirlas hacia zonas terrestres, los legisladores firmantes han manifestado su firme resolución de emplear sus atribuciones de fiscalización y control legislativo para exigir transparencia y responsabilidades políticas.
Voces desde el continente
El congresista demócrata Jesús ‘Chuy’ García ha sido categórico al señalar la ilegalidad de las acciones emprendidas por la Casa Blanca:
“Donald Trump está lanzando bombas en el Caribe y el Pacífico en flagrante violación de la ley y de los derechos humanos fundamentales”, afirmó el congresista Jesús ‘Chuy’ García: “Esto no ha servido para detener el tráfico de drogas ni para aumentar la seguridad de los estadounidenses. Por el contrario, ha dejado cientos de muertos, familias destrozadas y comunidades sumidas en el miedo. Llamemos a estos ataques por su nombre: ejecuciones extrajudiciales ilegales. Me enorgullece unirme a legisladores de todo el hemisferio para oponerme a estos graves crímenes”.
Por su parte, la asambleísta ecuatoriana Verónica Íñiguez Gallardo destacó la relevancia de este bloque transnacional para contrarrestar la opacidad oficial:
“Ante el silencio institucional y la censura gubernamental en Ecuador, esta coalición de parlamentarios de toda América Latina es fundamental para romper el secretismo que rodea a las operaciones encubiertas en nuestras aguas”, señala Verónica Íñiguez Gallardo, integrante de la Asamblea Nacional de Ecuador: “Esta declaración transnacional representa un paso decisivo hacia la rendición de cuentas y la transparencia para nuestros pueblos”.
En la misma línea, el senador colombiano Iván Cepeda Castro subrayó la necesidad de salvaguardar la soberanía regional:
“Estados Unidos debe poner fin a sus ataques en el Caribe y el Pacífico”, declara Iván Cepeda Castro, senador de Colombia: “La lucha contra el narcotráfico no puede justificar el sacrificio de vidas humanas ni la vulneración del derecho internacional. América Latina y el Caribe deben actuar unidos para defender nuestra soberanía y el derecho de nuestra región a la paz, libre de las pretensiones de dominación hemisférica de cualquier potencia”.
Desde el norte del continente, el parlamentario canadiense Don Davies se sumó al rechazo generalizado:
“La campaña de bombardeos de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico es a la vez criminal y cruel, y no ha contribuido en nada a hacer nuestra región más segura”, afirma Don Davies, miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá: “Los canadienses sabemos lo que significa ver nuestra soberanía amenazada por nuestro vecino del sur. Por ello, me solidarizo con los pueblos de todo el hemisferio en el rechazo a estas ejecuciones ilegales”.
Señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas
Este pronunciamiento político coincide con la revelación de un reporte elaborado por el Relator Especial de la ONU sobre la materia, el cual advierte sobre la existencia de indicios sólidos para calificar los ataques como posibles crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático y generalizado.
El documento de Naciones Unidas descarta que estas acciones puedan justificarse bajo el amparo de la legítima defensa o el derecho de los conflictos armados, recordando que se trata de intervenciones unilaterales perpetradas en contextos de paz. Asimismo, el organismo internacional exige que se investigue a los mandos militares y políticos responsables de ordenar dichos operativos letales.
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