Colombia busca a las víctimas de su peor terremoto en la última década, que deja más de 110 muertos

El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia la mañana de este lunes, el peor en la última década, ha tenido su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. Dos tercios de sus casi 600.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (133 euros al mes por persona). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 375 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.

En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha confirmado 111 muertos y 87 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha confirmado a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se han registrado severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera oriental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.

Las consecuencias del seísmo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó ha suspendido por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se ha extendido con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también han interrumpido sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.

El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.

De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierdas en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. Esta pugna política ha derivado en un colapso logístico que deja al país expuesto a un inicio de mandato huérfano de una hoja de ruta institucional detallada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas ha tenido margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.

Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella ha anunciado mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se ha desplazado a la zona cafetera, en el centro de Colombia, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.

El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, ha exigido a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del seísmo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.