Condena ejemplar por violencia de género en la frontera norte
Un tribunal del estado de Chihuahua dictó una resolución condenatoria contra un individuo responsable de privar de la vida a su pareja sentimental en un domicilio particular. Tras desahogarse las etapas procesales correspondientes, el agresor optó por someterse a un mecanismo legal simplificado para concluir el juicio.
El responsable fue identificado oficialmente ante las autoridades judiciales como Marco Antonio G. R., quien recibió una pena corporal de 26 años y ocho meses de prisión tras comprobarse su culpabilidad en el delito de feminicidio bajo los estándares establecidos en el código penal local.
Elementos probatorios y la dinámica de los hechos
La carpeta de investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte. Durante la audiencia de individualización de sanciones, la representación social expuso de manera detallada los indicios y elementos técnicos recabados tras el crimen.
Según la relatoría ministerial, el suceso ocurrió el 8 de junio de 2025 al interior de una vivienda ubicada en la colonia Bellavista. En ese lugar, el hoy sentenciado atacó a su pareja sentimental hasta causarle la muerte. El dictamen forense posterior determinó que la causa oficial del fallecimiento fue un traumatismo craneoencefálico severo.
Captura inmediata y resolución judicial
La intervención de las corporaciones de seguridad pública locales permitió neutralizar al agresor prácticamente de inmediato. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la detención en flagrancia de Marco Antonio G. R. minutos después de perpetrarse la agresión mortal.
Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la defensa y el propio imputado solicitaron un procedimiento especial abreviado. Mediante este recurso legal, el acusado reconoció su responsabilidad penal en los hechos imputados, lo que derivó en la emisión inmediata del fallo condenatorio por parte del juez de control.
Además de la pena privativa de la libertad fijada en 26 años y ocho meses de prisión, la autoridad judicial determinó que el sentenciado deberá compurgar su castigo internado en el Centro de Reinserción Social número tres, ubicado en esta misma región fronteriza, donde permanecerá recluido hasta cumplir la totalidad de su condena.
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