Congreso de chihuahua impulsa un sistema para evaluar la eficacia real de las leyes aprobadas
Con el propósito de garantizar que el marco jurídico estatal responda de manera efectiva a las necesidades de la población, el Poder Legislativo local analiza una propuesta orientada a fiscalizar los resultados de las normas. La iniciativa busca transformar el trabajo parlamentario mediante un sistema de seguimiento riguroso que abarque tanto la fase previa a la promulgación como el periodo posterior a su vigencia.
Un nuevo enfoque para la labor parlamentaria
La propuesta normativa plantea la creación del Reglamento para la Evaluación de Impacto Legislativo, un instrumento diseñado para verificar si los decretos y ordenamientos alcanzan las metas planteadas originalmente. Esta medida pretende transitar de un esquema enfocado exclusivamente en la acumulación de ordenamientos hacia un modelo de calidad y rendición de cuentas.
Durante el proceso de análisis, la normativa contempla examinar diversos elementos fundamentales antes de que una disposición sea aprobada definitivamente. Entre los aspectos prioritarios se encuentran la viabilidad técnica y jurídica, las repercusiones financieras en el presupuesto público, la salvaguarda de los derechos humanos, la incorporación transversal de la perspectiva de género y un exhaustivo análisis de costo-beneficio.
Asimismo, para aquellas disposiciones que ya se encuentran operando, el esquema prevé medir el nivel real de cumplimiento ciudadano y el impacto socioeconómico generado. Con base en estos hallazgos, los legisladores podrán determinar si es necesario aplicar modificaciones, actualizaciones o incluso la derogación de ciertos artículos.
Participación ciudadana y vigilancia técnica
El diseño del proyecto otorga un papel protagónico a la sociedad civil a través del Observatorio Ciudadano Legislativo. Este órgano técnico tendría la responsabilidad de ejecutar los estudios pertinentes y estaría conformado por siete representantes provenientes del sector empresarial, la academia y diversas instituciones dedicadas al desarrollo económico de la entidad.
Entre las atribuciones asignadas a este grupo destacan la elaboración de diagnósticos especializados, la emisión de recomendaciones de carácter técnico, la solicitud de información oficial a las dependencias del Congreso y la publicación de informes anuales abiertos a la ciudadanía.
Las revisiones podrán activarse mediante tres vías distintas: a través de una programación interna establecida por las comisiones, por petición formal de los integrantes del observatorio o mediante la solicitud directa de cualquier legislador interesado en auditar el funcionamiento de una ley específica.
Transparencia y entrega de resultados
Para garantizar que las evaluaciones no queden en el tintero, la propuesta estipula que los dictámenes e informes detallados deberán entregarse formalmente a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones competentes. Adicionalmente, toda esta información tendrá carácter público y se difundirá de manera accesible en el portal digital oficial del Congreso para el conocimiento de la ciudadanía.
La iniciativa formal fue presentada el 29 de septiembre de 2026 por el diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente, actuando a nombre de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional. El documento cuenta también con el respaldo y las firmas de José Alfredo Chávez Madrid, Saúl Mireles Corral, Carla Yamileth Rivas Martínez, Edna Xóchitl Contreras Herrera, Joceline Vega Vargas, Nancy Janeth Frías Frías, Jorge Carlos Soto Prieto, Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Arturo Zubia Fernández, Ismael Pérez Pavía, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías y Jaime Torres Amaya, fundamentándose en la normatividad interna del Congreso del Estado de Chihuahua.
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